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La camisa de fuerza del dólar

Venezuela necesita estabilizarse, pero, sobre todo, necesita volver a crecer. Una dolarización plena acaba con la inflación exacerbada y también deja al país sin las herramientas que necesitará para reconstruir empresas, crédito y salarios.

Imagen generada por Inteligencia Artificial.

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Andrés García-Contreras

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En Venezuela, la dolarización se está discutiendo como suelen discutirse las soluciones después de una catástrofe: con impaciencia.Es perfectamente comprensible. El chavismo destruyó el bolívar, pulverizó los ahorros, convirtió el salario en una ficción y sometió al país a uno de los episodios hiperinflacionarios más prolongados de la historia moderna. Entre 2013 y 2021, el PIB real venezolano cayó más de un 75%, según el FMI. Más de siete millones de venezolanos terminaron abandonando el país.

Después de semejante experiencia, decirle a un venezolano que vuelva a confiar en una moneda nacional requiere bastante más que patriotismo. Pero justamente ahí está el error del debate actual. El problema venezolano nunca fue tener bolívares. Fue tener un Estado capaz de destruirlos.

Durante años, los gigantescos déficits fiscales fueron financiados mediante la creación de dinero. El FMI calcula que, entre 2014 y 2019, el déficit fiscal promedió un 16,8% del PIB y fue monetizado a medida que desaparecían otras fuentes de financiación. El resultado lo conocemos. Por eso, la discusión seria no debería comenzar preguntando qué hacemos con el bolívar. Debería comenzar preguntando qué hacemos con el Banco Central de Venezuela.

Un debate frívolo

Dentro del espectro de posiciones políticas que se manifiestan actualmente en Venezuela, vemos a una serie de actores impulsando la idea de avanzar hacia una dolarización plena, sin detenerse a explicar cómo repercutiría esta decisión en los esfuerzos por reindustrializar el país y reconstruir sus mercados internos.

Su gran argumento es que la dolarización plena acaba de raíz con el problema inflacionario. Eso es cierto, pero ignoran las restricciones que este modelo impondría al esfuerzo de reconstrucción.

La mayoría de quienes promueven con entusiasmo la dolarización plena no mencionan variables clave como el salario medio real de la economía, el crecimiento económico, la competitividad industrial o la reducción de la desigualdad. Se limitan a decir: «Paremos la inflación», y nada más. Ni siquiera se detienen a explicar cómo reaccionaría el país si, una vez plenamente dolarizado, se produjera una caída de la demanda petrolera o Estados Unidos elevara las tasas de interés.

Ante tanto desparpajo, muchos de los mejores economistas del país han hecho un llamado de atención: es posible detener una inflación exacerbada sin abandonar una herramienta tan importante para la reconstrucción de los mercados internos como la política monetaria.

La advertencia cobró fuerza hace pocos días, tras una suerte de pequeño escándalo: la humillación sufrida por un diputado funcional a la dictadura, aunque de fachada opositora, a quien Jorge Rodríguez expulsó públicamente de una de las comisiones de enlace con los equipos técnicos estadounidenses que llegaron a Venezuela para “reordenar” el aparato del Estado. ¿El motivo? Haber intentado contratar, a través de esa instancia, la asesoría de Steve Hanke, quien participó en el proceso de dolarización de Ecuador.

Los economistas recomendamos mirar a Perú

Aquí aparece una experiencia que Venezuela debería estudiar con mucha atención. Perú llegó a 1990 después de una hiperinflación devastadora, una enorme pérdida de confianza en su moneda y una economía fuertemente dolarizada de facto. En lugar de prohibir el dólar, liberalizó su utilización. En 1991, permitió que personas y empresas mantuvieran y utilizaran libremente divisas, y liberalizó los depósitos y préstamos en moneda extranjera.

El paso fundamental vino después. La Ley Orgánica del Banco Central de 1992 y la Constitución de 1993 consolidaron la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y eliminaron la posibilidad de utilizarlo para monetizar el déficit fiscal. Quedaba cerrada la llave que permitía dilapidar la riqueza.

Perú no dijo: como destruimos nuestra moneda, renunciemos a tener una. Dijo algo bastante más exigente: construyamos instituciones que impidan volver a destruirla. Hoy tiene una de las economías más estables de la región.

El dólar permaneció, eso sí. Los peruanos pudieron seguir ahorrando, contratando y financiándose en esa moneda. El nuevo sol (la moneda relanzada) tuvo que recuperar su espacio compitiendo por la confianza de los ciudadanos. Y lo consiguió.

Cuando el BCRP adoptó formalmente su régimen de metas de inflación en 2002, la economía seguía profundamente dolarizada. A finales de los años noventa, aproximadamente el 82% del crédito estaba denominado en dólares. En marzo de 2016, esa proporción había caído al 29%. No fue mediante una prohibición, sino mediante estabilidad y la creación de incentivos dentro de un marco institucional adecuado.

Tuve la oportunidad de vivir dos años en Lima por mi vinculación con la industria de servicios financieros. Me fascinó comprobar, en primera persona, lo bien que funcionaba el modelo para comerciantes e industriales. Por ello, mi perspectiva sobre el caso venezolano parte de ciertas preguntas que pocos entusiastas de la dolarización se están haciendo hoy.

La pregunta no es qué moneda queremos. Es qué salario queremos

Este debería ser el centro de la discusión venezolana. El PIB no solo retrocedió un 75%; también se desplomó el poder adquisitivo del venezolano. Se esfumaron mercados internos enteros, lo que dejó al ciudadano promedio sin alternativas productivas e impulsó la enorme emigración que conocemos. Quienes se quedaron lo hicieron a costa de una reducción sustancial de su calidad de vida o del confinamiento dentro de ciertas burbujas de bienestar, principalmente en las grandes ciudades.

La dolarización detendría la espiral de crecimiento de los precios; eso es irrefutable. También es cierto que podría condenar a muchos a mantener su calidad de vida en el nivel actual o, incluso, por debajo de él. Según las pocas fuentes disponibles, el salario medio de los trabajadores formales del sector privado venezolano se situaba en torno a los 244 euros (US$283) en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con ENCOVI. Si se incluyera a los empleados públicos, el promedio sería considerablemente menor.

Para que los salarios reales aumenten de manera sostenida, Venezuela necesita productividad. Para elevar la productividad, necesita inversión. Para invertir, necesita empresas. Y, para que esas empresas crezcan, necesitan crédito. Ahí comienza el problema de una dolarización plena. Una fábrica no vive únicamente de que sus precios sean estables. Tiene que financiar inventarios, comprar maquinaria, anticipar nóminas, pagar a sus proveedores antes de cobrar a sus clientes, descontar facturas y financiar exportaciones.

Una pyme que solo puede crecer utilizando sus propios recursos crece lentamente o, sencillamente, no crece. Por eso, el precio del dinero (la tasa de interés) importa tanto como el valor del dinero (su poder adquisitivo y su relación de intercambio).

Y la dolarización plena no convierte mágicamente a Venezuela en Estados Unidos. La tasa que pagaría una empresa venezolana no sería la tasa estadounidense. Sería esa tasa más el riesgo Venezuela, el riesgo del banco, el costo de financiación, la escasez de dólares y la percepción de riesgo del propio prestatario.

¿Quién tiene incentivos para preferir cada modelo?

No hace falta buscar una conspiración detrás del debate. Los intereses económicos son bastante comprensibles. Para quien posee patrimonio en dólares, presta en dólares, importa bienes o quiere recuperar rápidamente una referencia estable para valorar sus activos, la dolarización completa tiene enormes atractivos.

También los tiene para un político que quiera enviar al mundo una señal contundente: ningún futuro Gobierno venezolano podrá volver a financiar sus excesos imprimiendo dinero. Ese argumento es serio. Pero otros actores tienen problemas diferentes.

Una pequeña empresa que tiene su clientela en Venezuela y cuya dinámica depende de cómo se desarrolle internamente el mercado, depender de la Reserva Federal o de la caída de la entrada de dólares, es nefasto. Una industria que quiera competir con Colombia, Brasil, México o Asia necesita controlar sus costos.

Ahí, el bimonetarismo ofrece otra arquitectura. El principio debería ser sencillo: quien genera dólares puede endeudarse en dólares; quien genera moneda local debería poder financiarse principalmente en moneda local.

Perú ha utilizado encajes, provisiones y otros instrumentos macroprudenciales precisamente para reducir los préstamos en dólares a deudores expuestos al riesgo cambiario e incentivar el crédito en soles.Esta no es una discusión sobre símbolos monetarios. Es una discusión sobre quién podrá obtener un préstamo para abrir la próxima fábrica venezolana.

La dolarización también tiene ciclos

Cuando un país adopta plenamente el dólar, deja de producir la moneda en la que funciona su economía. Los dólares tienen que entrar. Por medio del petróleo, las exportaciones privadas, la inversión extranjera, el turismo, las remesas, el endeudamiento o el capital financiero. Mientras entren, el sistema funciona. El problema aparece cuando dejan de hacerlo.

Entonces, el Banco Central no puede crear dólares para compensar una contracción repentina de la liquidez. El ajuste llega a través de menos crédito, menos importaciones, menos consumo y una caída de la actividad y del empleo. De proyectos detenidos o reducidos en sus ambiciones. Esa inestabilidad se refleja en el precio de la financiación y prospección.

Eso importa especialmente para Venezuela. Sería imprudente construir nuestra arquitectura monetaria suponiendo que los ingresos petroleros crecerán indefinidamente. La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda mundial de petróleo se acerque a una meseta hacia 2030, bajo las políticas actuales, y calcula que los vehículos eléctricos podrían desplazar para entonces unos cinco millones de barriles diarios de consumo de gasolina y diésel.

El petróleo seguirá siendo extraordinariamente importante, pero la misma agencia estima la caída del consumo de gasolina en 35% entre 2026 y 2041. Pero Venezuela necesita diseñar su economía para un mundo en el que cada dólar deberá ganarse compitiendo, no simplemente extraerse del subsuelo.

La advertencia ecuatoriana

Ecuador demuestra algo que los venezolanos también deberían comprender. La dolarización puede ser perfectamente sostenible. Puede controlar la inflación y sobrevivir durante décadas. Pero no garantiza el crecimiento. Según datos del Banco Mundial, el PIB real por habitante de Ecuador en 2024 era ligeramente inferior al de diez años antes. Entre 2014 y 2024, prácticamente no hubo crecimiento real per cápita.

Eso no significa que la dolarización sea la única causa del estancamiento ecuatoriano. Sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Ecuador ha sufrido problemas fiscales, políticos, petroleros, de productividad, inversión y seguridad. La lección es otra. Una moneda estable no sustituye una estrategia de crecimiento.

Y, sin crecimiento de la productividad, tampoco hay forma sostenible de elevar los salarios reales. Ese es precisamente el riesgo venezolano: confundir estabilización con reconstrucción. Podemos conseguir una economía con poca inflación y continuar siendo pobres.

Venezuela necesita crecer rápido

Nuestra situación es bastante distinta de la de un país simplemente preocupado por mantener la estabilidad. Venezuela perdió buena parte de su aparato productivo. Desaparecieron empresas, proveedores, cadenas comerciales y capacidades industriales y, con ellos, mercados de trabajo completos.

No emigraron millones de venezolanos porque faltaran personas dispuestas a trabajar. Emigraron, entre muchas otras razones, porque desaparecieron los mercados capaces de pagar por ese trabajo. Reconstruirlos requerirá años de crecimiento elevado.

Habrá que financiar empresas que hoy no existen, recuperar industrias, crear otras, importar tecnología, volver a exportar, desarrollar proveedores e incorporar nuevamente a millones de personas a empleos cuya productividad permita pagar salarios altos. Precisamente en ese momento, Venezuela debería pensárselo muy bien antes de renunciar voluntariamente a la política monetaria.

Una economía dolarizada puede ser ordenada, pero también puede convertirse en una camisa de fuerza elegantísima: estable, creíble y demasiado rígida para una economía que necesita correr.

No se trata de resucitar el viejo bolívar

Defender el bimonetarismo no significa pedirles a los venezolanos que entreguen sus dólares. Sería un disparate. El dólar debería continuar circulando libremente. Los ciudadanos deberían poder ahorrar en él. Las empresas deberían poder mantener cuentas, contratar, pagar y financiarse en dólares cuando sus flujos lo justifiquen.

La moneda nacional tendría que ganarse nuevamente su lugar. Para ello, Venezuela necesita una nueva Ley del Banco Central que establezca una autonomía extraordinariamente sólida, prohíba efectivamente la financiación monetaria del déficit, proteja la independencia y la estabilidad profesional de sus autoridades y coloque la estabilidad de precios por encima de las necesidades financieras del Gobierno.

Después, competir. Si un venezolano considera más seguro ahorrar en dólares, que ahorre en dólares. Si una empresa exportadora prefiere financiarse en dólares, que lo haga. Pero, si una pyme cobra localmente y encuentra una financiación más barata y segura en moneda nacional, que pueda escogerla. Así se desdolarizó Perú. No persiguiendo al dólar. Haciendo que el sol volviera a ser útil.

La verdadera meta

La dolarización plena tiene una ventaja política formidable: parece resolver el problema rápidamente. El bimonetarismo exige algo mucho más difícil. Instituciones. Un Banco Central independiente. Disciplina fiscal. Una regulación bancaria competente. Un sistema financiero profundo y políticos capaces de aceptar que la máquina de imprimir dinero nunca más estará a su disposición.

Precisamente por eso prefiero ese camino. Venezuela no debería diseñar su sistema monetario pensando únicamente en impedir la próxima hiperinflación. Debe diseñarlo pensando en cómo duplicar su productividad, reconstruir sus mercados y elevar de manera sostenida el salario real de sus ciudadanos.

El dólar puede protegernos de nuestros peores políticos. Pero también puede dejarnos demasiado expuestos a las decisiones que se toman en Washington, a ciclos petroleros que no controlamos y a una disponibilidad de crédito que puede desaparecer justo cuando más la necesitamos.

No necesitamos escoger entre estabilidad y crecimiento. Necesitamos construir instituciones capaces de ofrecernos ambas cosas. El verdadero éxito de la transición no será que Venezuela vuelva a tener una moneda fuerte. Será que vuelva a tener salarios fuertes.

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