Una España que funcione: recuperar la seguridad, la gestión y la confianza

Hubo un tiempo en el que España maravillaba al mundo. Lo hacía con su extraordinaria capacidad de transformación, con sus infraestructuras, con sus empresas, con su apertura internacional y, muy especialmente, con una industria turística que consiguió convertir nuestro país en uno de los destinos más admirados del planeta.

España pasó de ser un país con enormes dificultades a convertirse en una referencia internacional de modernización, progreso y prosperidad. Y el turismo fue uno de los grandes protagonistas de aquella transformación. Generaciones de empresarios, trabajadores y familias levantaron una industria que abrió España al mundo, modernizó nuestros destinos, impulsó infraestructuras, generó millones de oportunidades y contribuyó decisivamente a nuestro desarrollo económico y social.

Y seguimos teniendo todo lo necesario para continuar siendo ese país que asombraba al mundo.

Tenemos empresarios extraordinarios, trabajadores preparados, profesionales reconocidos internacionalmente, investigadores, emprendedores y una sociedad que demuestra cada día una admirable capacidad para superar dificultades.

El problema de España no es la falta de talento de los españoles. Es el enorme desajuste entre lo que nuestra sociedad es capaz de conseguir y la altura a la que está respondiendo su Gobierno.

Ese contraste resulta especialmente doloroso cuando observamos las noticias que protagoniza nuestro país, las portadas de la prensa internacional y la imagen que proyectamos al exterior.

Porque la Marca España no es únicamente un logotipo, una campaña institucional o una estrategia de promoción turística. Es mucho más. Es la confianza que inspiramos. Es la seguridad de nuestras infraestructuras, la calidad de nuestros servicios públicos, la estabilidad de nuestras instituciones y la certeza de que España es un país serio, fiable y capaz de afrontar sus responsabilidades.

Es también nuestra hospitalidad, nuestra capacidad de recibir a millones de visitantes, la profesionalidad de quienes trabajan en el turismo y el prestigio que nuestro país ha construido durante décadas.

Un prestigio que ha costado generaciones conquistar y que no podemos permitirnos deteriorar.

Durante décadas, nuestra alta velocidad ferroviaria fue uno de los grandes símbolos de la modernización española. Una infraestructura que despertaba admiración internacional y demostraba que nuestro país podía situarse a la vanguardia tecnológica. También fue un instrumento decisivo para transformar nuestra conectividad turística, acercar destinos, dinamizar ciudades y ampliar las posibilidades de desarrollo de numerosos territorios.

Hoy, después de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, aquella imagen de seguridad y excelencia ha recibido un golpe devastador.

Detrás de estos accidentes hay víctimas, familias destrozadas y un sufrimiento que merece todo nuestro respeto. Precisamente por eso, no podemos aceptar que las declaraciones de condolencia y las promesas de investigación sustituyan a las explicaciones, las medidas preventivas y la rendición de cuentas.

Las causas concretas deben determinarse mediante investigaciones técnicas y judiciales independientes. Pero la responsabilidad política de un Gobierno también comprende el mantenimiento de las infraestructuras, la supervisión de los sistemas de seguridad, la atención a las advertencias, la utilización eficaz de los recursos públicos y la trazabilidad y destino de los mismos.

El Partido Popular ha denunciado que «su negligencia ha costado vidas». Es una acusación de extraordinaria seriedad que exige investigar hasta el final qué decisiones se adoptaron, qué advertencias se recibieron, qué actuaciones se omitieron y si existieron responsabilidades que pudieron contribuir a estas tragedias.

Porque cuando hablamos de seguridad no hablamos de estadísticas, titulares o resultados electorales. Hablamos de vidas humanas. Y ninguna estrategia de comunicación puede sustituir la obligación de esclarecer lo ocurrido y asumir las responsabilidades que correspondan.

Subirse a un tren en España no puede convertirse en una actividad que genere miedo o desconfianza.

Los españoles tienen derecho a viajar con tranquilidad. Y los millones de turistas que nos visitan tienen también derecho a confiar en la seguridad y la calidad de nuestras infraestructuras.

Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que España se encuentra en una situación de «fallo sistémico» y de que «la gestión se ha suplido por la propaganda». Son palabras duras que expresan una preocupación política que comparto: demasiadas veces asistimos a una sucesión de anuncios, declaraciones y enfrentamientos mientras los ciudadanos siguen esperando soluciones.

La industria turística de España también ha alzado la voz. Tras la tragedia ferroviaria de Urda, ha reclamado al Gobierno un plan nacional de infraestructuras y ha advertido de la importancia de garantizar la seguridad y la fiabilidad de nuestros servicios.

Su preocupación merece ser escuchada, porque no estamos hablando de una cuestión menor ni de un problema que afecte exclusivamente al transporte ferroviario.

Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de nuestra competitividad turística.

España es una de las grandes potencias turísticas del planeta. Millones de personas nos eligen cada año por nuestras playas, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro clima y nuestra extraordinaria hospitalidad. Pero también lo hacen porque esperan encontrar un país moderno, seguro, bien comunicado y con servicios públicos a la altura de su prestigio internacional.

El turismo no empieza cuando un visitante llega a su hotel ni termina cuando abandona un restaurante. Empieza mucho antes, cuando decide confiar en España como destino.

Esa confianza depende de que nuestros aeropuertos funcionen, de que nuestros trenes sean seguros y puntuales, de que nuestras carreteras estén correctamente mantenidas, de que nuestros servicios públicos respondan y de que nuestras instituciones sean capaces de garantizar un entorno estable y fiable.

Por eso llevo años defendiendo que la política turística no puede limitarse a la promoción. También son política turística las infraestructuras, la movilidad, la seguridad, las conexiones ferroviarias y aeroportuarias, la financiación de los municipios turísticos y la calidad de los servicios públicos.

Y precisamente por eso resulta especialmente preocupante que el deterioro de determinados servicios esenciales pueda acabar afectando a uno de los grandes motores económicos de nuestro país.

Nuestros empresarios turísticos compiten cada día en un mercado internacional extraordinariamente exigente. Invierten, modernizan sus establecimientos, forman a sus trabajadores, mejoran sus servicios y se esfuerzan por ofrecer experiencias de calidad. Pero todo ese trabajo necesita un entorno de infraestructuras y servicios públicos que acompañe.

No podemos exigir a nuestra industria turística que siga siendo una referencia mundial mientras descuidamos elementos esenciales para su competitividad.

La Marca España no se defiende únicamente en las ferias internacionales de turismo. Se defiende también manteniendo nuestras carreteras, garantizando la seguridad ferroviaria, modernizando nuestros aeropuertos y haciendo funcionar los servicios públicos.

Y mientras crece la preocupación por el funcionamiento de determinados servicios, la recaudación tributaria alcanza niveles históricos.

Los españoles soportan un esfuerzo fiscal considerable. Por eso tienen todo el derecho a preguntarse dónde se está invirtiendo su dinero y qué mejoras están recibiendo a cambio.

¿Se están modernizando las infraestructuras al ritmo necesario? ¿Se están resolviendo los problemas de mantenimiento? ¿Se está invirtiendo con criterios de seguridad y eficacia? ¿Se evalúan los resultados del gasto público?

Un Gobierno no puede medir su éxito por cuánto recauda, sino por cómo administra esos recursos y por los servicios que consigue prestar.

El dinero público no pertenece al Gobierno. Pertenece a los ciudadanos que lo aportan con su trabajo, su esfuerzo y sus impuestos.

El Partido Popular ha planteado una auditoría del gasto ferroviario para conocer cómo se han utilizado los recursos y reforzar las garantías de seguridad. Es una propuesta que debe desarrollarse con independencia, transparencia y resultados verificables.

España necesita saber no solo cuánto se anuncia, sino cuánto se ejecuta, cómo se supervisa y qué resultados produce cada inversión.

El apagón de abril de 2025 puso de manifiesto hasta qué punto dependemos de la fiabilidad de nuestros sistemas esenciales. Los informes técnicos han identificado factores que contribuyeron a aquella crisis, pero corresponde también exigir responsabilidades de gestión y comprobar que las medidas correctoras se cumplen.

Las crisis de seguridad en nuestras fronteras, como la invasión vivida en Ceuta, requieren igualmente explicaciones, coordinación entre administraciones y decisiones que ofrezcan certezas a los ciudadanos.

No son acontecimientos idénticos ni necesariamente responden a las mismas causas. Pero todos recuerdan una obligación fundamental: cuando un servicio esencial falla o se produce una crisis grave, los ciudadanos merecen información rigurosa, capacidad de respuesta y responsabilidades claras.

Y esa obligación no desaparece porque el Gobierno prefiera convertir cada crítica en un enfrentamiento político.

Defender a España no consiste en guardar silencio ante sus problemas. Consiste en exigir que sus instituciones funcionen y que quienes las dirigen respondan por sus decisiones.

Alberto Nuñez Feijóo ha expresado una reflexión especialmente pertinente: «Gobernar no es ninguna broma. Es saber que cada decisión y que cada error puede tener un coste que no se mide en votos, sino en daños».

Esa es la dimensión de la responsabilidad política que no deberíamos perder nunca de vista.

Gobernar exige experiencia, preparación, capacidad de gestión y rigor. Exige establecer prioridades, anticiparse a los riesgos y asumir responsabilidades cuando las cosas no funcionan.

El Partido Popular propone recuperar una cultura de la seguridad en la que la prevención, el mantenimiento, la supervisión técnica y la evaluación de las políticas públicas ocupen un lugar central.

España necesita instituciones capaces de acompañar el extraordinario esfuerzo que realizan cada día sus ciudadanos. Un Gobierno que entienda que la competitividad turística, la seguridad, las infraestructuras y el prestigio internacional de nuestro país forman parte de una misma responsabilidad.

En mi libro Turismo. El oro silencioso que sostiene a España he querido recordar cómo nuestro país fue capaz de construir, generación tras generación, una historia extraordinaria de apertura, modernización y prosperidad.

Y hay algo que esa historia demuestra: España ha sido capaz de conquistar al mundo con su turismo, pero ese éxito nunca fue fruto de la casualidad. Fue el resultado del trabajo, la iniciativa, la visión y el esfuerzo de millones de españoles.

Esa España no ha desaparecido.

Sigue estando en nuestros empresarios, en quienes trabajan cada día, en nuestros profesionales, en nuestras universidades, en nuestros destinos turísticos y en millones de personas que se esfuerzan por construir un futuro mejor.

Lo que necesitamos es que las instituciones acompañen ese esfuerzo.

Que nuestras infraestructuras vuelvan a ser motivo de admiración. Que nuestros servicios públicos respondan con eficacia. Que la gestión del dinero de los españoles sea transparente. Que la seguridad sea una prioridad permanente. Y que el prestigio internacional de España se proteja con hechos, no únicamente con discursos.

El próximo 29 de noviembre, los españoles tendrán la oportunidad de evaluar la gestión del Gobierno y decidir qué dirección quieren para el país.

Mi posición es conocida: considero que España necesita un cambio de Gobierno y que la etapa de Pedro Sánchez debe terminar. No porque nuestro país haya perdido sus capacidades, sino precisamente porque merece unas instituciones capaces de aprovecharlas y protegerlas.

España no necesita que nadie le enseñe a ser grande. Necesita un Gobierno que esté a la altura de su grandeza.

Porque la Marca España no se recupera con un eslogan ni con una campaña publicitaria. Se recupera con seguridad, buena gestión, infraestructuras fiables, responsabilidad, confianza y resultados.

Y porque el turismo, ese oro silencioso que sostiene a España, merece que el país que lo ha convertido en una referencia mundial esté a la altura de su extraordinaria industria.

España sigue teniendo todo lo necesario para volver a maravillar al mundo. Y merece un Gobierno capaz de estar a la altura.