El PERTE del agua se cierra con dos tercios del dinero sin movilizar

El PERTE de digitalización del ciclo del agua, el gran programa con el que el Gobierno prometió modernizar la gestión hídrica con fondos europeos, ha cerrado su plazo de ejecución con unos 1.200 millones de euros movilizados de los 3.485 que llegó a anunciar tras la adenda del Plan de Recuperación de 2023, es decir, con dos tercios del presupuesto sin movilizar.

Un plan que se ha quedado corto

Los PERTE -Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica- son los grandes programas con los que el Gobierno canaliza una parte de los fondos europeos Next Generation hacia sectores que considera clave. El del agua, aprobado en marzo de 2022, tenía un objetivo ambicioso: digitalizar la gestión del agua en las ciudades, los regadíos, la industria y las confederaciones hidrográficas para saber con precisión cuánta agua se usa, dónde se pierde y cómo reducir las fugas de las redes de abastecimiento.

El problema no ha sido la falta de interés: a la primera convocatoria para el ciclo urbano del agua, dotada con 200 millones, se presentaron proyectos que sumaban más de 1.000 millones, cinco veces la cantidad disponible. Sin embargo, el Gobierno nunca llegó a ofrecer todo el dinero que había prometido: en 2022 anunció 1.200 millones para el ciclo urbano y, entre las tres convocatorias que acabó lanzando, se han concedido solo 550 millones, poco más del 20 % de los 2.550 millones que pidió el sector.

El mayor problema ha sido la gestión. Bruselas exigía tener los proyectos terminados antes del 31 de agosto de 2026, pero el Gobierno tardó casi dos años en adjudicar las primeras ayudas - el programa se aprobó en marzo de 2022 y la primera convocatoria no se resolvió hasta noviembre de 2023 - y la segunda convocatoria de regadío no se resolvió hasta noviembre de 2025, dejando a los beneficiarios apenas siete meses para ejecutar los proyectos antes del plazo que fijó el propio Ministerio, el 30 de junio. Por otra parte, tampoco se previó la opción de continuar con fondos propios lo que no diera tiempo a finalizar al 100%, pese a que la propia Comisión Europea lo había sugerido. Como consecuencia, ayuntamientos como el de Logroño han tenido que pedir la devolución de parte de lo recibido: 472.000 euros, por no poder terminar a tiempo actuaciones técnicamente complejas.

El programa ha dejado mejoras útiles -más de mil depuradoras y doscientas potabilizadoras digitalizadas, proyectos en más de 2.700 municipios-, pero la digitalización sirve para saber dónde se pierde el agua, no para dejar de perderla.

La asignatura pendiente: el estado de las redes

España tiene 248.245 km de redes de distribución de agua potable: las tuberías que llevan el agua desde los depósitos hasta los hogares. El sector considera que lo ideal es renovar un 2 % anual, lo que equivale a cambiar toda la red cada 50 años, la vida útil aproximada de una tubería. DAQUAS (Asociación Española del Agua Urbana) en su “Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento” (2025) denunciaba que la renovación de infraestructuras continúa muy por debajo de los estándares necesarios dado que solo se sustituye anualmente el 0,54 % de la red de abastecimiento. A ese ritmo, la renovación completa llevaría unos 185 años. Las redes de saneamiento están peor: suman 189.203 km y se renuevan a un 0,12 % anual según la misma fuente.

El sector cifra su déficit anual de inversión en 4.485 millones de euros, lo que dificulta la capacidad de los municipios para cumplir con las nuevas exigencias europeas en materia de aguas de consumo y tratamiento de aguas residuales. “Estamos ante un problema que ya no puede esperar más: sin planificación, financiación y estabilidad regulatoria, la seguridad hídrica del país estará en riesgo”, ha señalado el presidente de DAQUAS, Jesús Maza.

La asociación advierte de que la falta de inversión se ve agravada por la fragmentación regulatoria y la ausencia de una gobernanza homogénea. Por ello, reclama un pacto político y social que devuelva el agua a la agenda pública y permita planificar con estabilidad las inversiones necesarias para garantizar un modelo hídrico moderno y seguro.

Un problema que se lleva arrastrando más de una década

El problema de la falta de inversión y mantenimiento viene de lejos. Tras una década de fuerte inversión a principios de siglo, el recorte que impuso la crisis de 2008 -planteado entonces como temporal- se ha convertido en estructural, y no solo frenó las obras nuevas, sino también el mantenimiento y la renovación de las existentes. El resultado, según el libro de Funcas La economía de las infraestructuras en España, publicado en febrero, es un déficit de inversión en las redes de agua que hoy se manifiesta en forma de averías y pérdida de eficiencia, entre otros problemas. La explicación es similar a la que oímos estos días en relación con el mantenimiento de las redes ferroviarias: conservar una infraestructura es un gasto necesario pero invisible, mientras que inaugurar una obra nueva da votos, de modo que el mantenimiento preventivo se aplaza y las averías se reparan con presupuestos extraordinarios e improvisación. Los editores del libro llegan a señalar que una mayor inversión en infraestructuras hidráulicas habría evitado o mitigado los graves daños de las inundaciones de Valencia de 2024. Dos de los autores del capítulo dedicado al agua, los catedráticos Alberto Garrido y Enrique Cabrera, lo resumen con una advertencia que define bien lo ocurrido con el PERTE: los subsidios ocasionales resuelven problemas puntuales, pero no sirven para mantener ni renovar lo que ya existe.

Conclusión: lo que proponen los expertos

Las recomendaciones de Funcas y del propio sector del agua urbana coinciden en cinco líneas de actuación:

El PERTE demuestra que los fondos extraordinarios pueden modernizar una parte del sistema, pero no sustituyen a una política del agua estable. Quien salga elegido el 29 de noviembre heredará unas redes envejecidas y una reforma pendiente.