El Tribunal de Cuentas baraja pedir al juez penal los informes de Plus Ultra

Los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra han puesto en jaque el rescate de la aerolínea. Horas después de que un juez ordenase paralizar, cautelarmente, la entrega de 34 millones de euros a petición del PP y Vox, el Tribunal de Cuentas avanza en la investigación contable abierta el pasado mes de junio y estrecha el cerco sobre una ayuda que, pese a las advertencias del Ejecutivo, tendrá que ser devuelta en su totalidad si se acredita que la millonaria intervención ha supuesto un gasto injustificado, a costa de las arcas públicas españoles.

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Una vez recibidos los informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el magistrado instructor encargado de las pesquisas en el órgano administrativo, tendrá que decidir si continúa con el procedimiento, iniciado a instancias de Ciudadanos, para que Plus Ultra devuelva, íntegramente, el dinero recibido por parte del Gobierno español. Hasta la fecha, un total de 19 millones de euros en concepto de aportación a fondo perdido.

Fuentes del TC consultadas por ESdiario han apuntado a la presunta existencia de indicios sólidos sobre la existencia de un menoscabo en los fondos públicos como resultado de la concesión a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. La ayuda bajo sospecha se habría otorgado con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por un importe total de 53.000.000 euros.

Las mismas fuentes han señalado que el órgano fiscalizador podría recabar del juez penal -que este mismo jueves paralizaba un segundo pago de 34 millones- la información necesaria para avanzar en la acción civil iniciada para depurar responsabilidades económicas por las supuestas “infracciones contables” imputables a diferentes entidades públicas y ministerios si, finalmente, se acredita que la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros, el 7 de marzo, para el rescate de Plus Ultra fue ilegal.

Plus Ultra: un escándalo de Sánchez y no solo de Ábalos

No en vano, el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid ha admitido, en paralelo, una denuncia de Manos Limpias -por un posible delito de malversación de caudales públicos, por parte de la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- y la personación del Partido Popular.

En dicha causa la juez Esperanza Collazos decidirá si, a propuesta de la SEPI, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez autorizó el pago a Plus Ultra sin que la compañía aérea cumpliese con los requisitos previstos en el Reglamento europeo para casos similares. 

El cerco sobre Ábalos

Los expertos consultados por ESdiario han señalado, además, que la parte más compleja del caso abierto será determinar qué organismos e informes fueron determinantes para la tramitación del rescate de una aerolínea venezolana deficitaria, así como el porcentaje de participación de cada uno de los altos funcionarios y cargos públicos responsables en la concesión del mismo.

Esto es, en un primer momento, los jueces y magistrados de sendos tribunales -el penal y el civil- tendrán que concretar la autoría de los presuntos delitos cometidos para otorgar la subvención a Plus Ultra.

Así como identificar con nombres y apellidos a quienes tendrán que responder directamente con su patrimonio personal del quebranto. En especial, en el caso del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien una vez fuera del cargo bajo el que se materializó la ayuda, si resulta imputado, no cuenta con la condición especial de aforado. 

“Ni hay que solicitar suplicatorio al Congreso de los Diputados ni el hecho de que haya sido apartado de la cartera de Transportes le exonera de sus responsabilidades al frente de la misma durante el tiempo en el que fue ministro”, han confirmado a ESDiario fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han puesto el acento sobre la suspensión de la entrega de los 34 millones de euros restantes que la juez titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha suspendido en las últimas horas. Una cantidad que se concedió en calidad de "préstamo participativo" lo que convertiría al Gobierno de España en una especie de "prestamista inversor".

No en vano, la fórmula elegida exige -además del cumplimiento de una serie de requisitos concretos- la presentación de "un plan de negocio que avale la viabilidad y la rentabilidad2 de la empresa.

De tal manera que, llegado el vencimiento de la deuda, la aerolínea pueda "no sólo devolver el dinero prestado con los intereses legales correspondientes" sino la entrega de acciones al Gobierno de España que obtendría los beneficios, a favor de las arcas públicas, correspondientes a las mismas. "Un planteamiento cuanto menos extraño, teniendo en cuenta que hace años que en el Estado español no participa de ninguna aerolínea", han asegurado.