La desclasificación del 23F: mucho ruido, poco trueno… y un objetivo político de fondo
Entre el morbo mediático y la maniobra política: lo que salga del archivo difícilmente cambiará el veredicto histórico del 23F.
Hay debates que, por sí mismos, tendrían un interés más bien limitado. Pero cuando los medios —y la política— deciden convertirlos en “el gran asunto nacional”, entonces ya no hablamos de un simple detalle histórico, sino de un síntoma. Y eso es exactamente lo que está pasando con la desclasificación de los papeles del 23F: un acontecimiento que, probablemente, aportará matices valiosos para historiadores, pero que a la mayoría de los ciudadanos difícilmente les va a cambiar la vida… ni la interpretación general de lo ocurrido.
Porque conviene empezar por lo básico —y aquí viene el apunte legal que casi nadie mete en el titular—: España sigue gestionando los secretos oficiales con un marco cuyo núcleo procede de una ley de 1968, es decir, una norma nacida en otro tiempo y bajo otro régimen, aunque haya tenido retoques posteriores. ¿Resultado? Que, mientras la iniciativa para actualizar este terreno espinoso se atasca en el Parlamento (otra más, como los Presupuestos), la última palabra sobre qué se publica y qué no se publica la sigue teniendo el Gobierno.
Traducción al castellano: se desclasifica lo que se quiere desclasificar. Y lo que sea realmente explosivo —si existiera—, tiene todas las papeletas para no ver la luz.
El mito del “gran secreto” y la paranoia de manual
El morbo, sin embargo, es irresistible. Porque el 23F funciona como esas historias que alimentan la imaginación colectiva: “hay algo que no sabemos”, “nos han mentido”, “los hilos los movían otros”, “había un plan oculto”. La psicología social lo explica bien: nos encanta creer en tramas. No por maldad, sino por naturaleza humana. Nos tranquiliza pensar que alguien lo controla todo desde una sala en penumbra, aunque luego la realidad sea, casi siempre, más prosaica: improvisación, chapuza, ambigüedad, miedos y decisiones a contrarreloj.
Y ahí aparecen las teorías que regresan como el turrón: que Juan Carlos I estaba implicado, que Felipe González y figuras del PSOE estaban en una operación de “golpe constitucional”, que los grandes partidos pactaban una salida tutelada. No es nuevo, ni lo inventa nadie hoy: ha habido historiadores que han coqueteado con esas hipótesis, y el asunto ha sido tratado incluso en obras de gran impacto como Anatomía de un instante, de Javier Cercas.
Ahora bien: una cosa es que haya zonas grises —reuniones previas, mensajes ambiguos, expectativas que algunos golpistas pudieron interpretar a su favor— y otra, muy distinta, que estemos ante “la prueba definitiva” que vaya a derrumbar el relato de la Transición.
Lo que el ciudadano espera… y lo que probablemente encontrará
Quien esté esperando el documento perfecto, la confesión firmada, el “aquí está la mano negra”, se va a llevar el chasco habitual. Por una razón simple y bastante lógica: si hubiese existido algo verdaderamente escandaloso, los protagonistas lo habrían destruido en su momento. En un golpe, lo que compromete no se archiva para la posteridad: se quema, se esconde o desaparece.
Así que sí: habrá material interesante, habrá “unidades documentales” (como dicen los cursis), habrá notas que permitan completar el cuadro. Pero el grueso, lo sustancial, lo que mueve la historia, ya lo sabemos.
Y aquí es donde conviene repetirlo sin complejos: la monarquía se puso en contra del golpe. Eso no es propaganda: es un hecho histórico central. Y, además, no era una decisión “cantada” desde el minuto uno. La historia europea está llena de monarquías que, ante encrucijadas similares, eligieron caminos muy distintos: apoyos a soluciones autoritarias, bendiciones a regímenes de fuerza, silencios cómplices… Basta mirar alrededor del siglo XX para encontrar ejemplos.
En España, con Juan Carlos, la opción fue la democracia. Que se puedan señalar errores, vacilaciones, contextos turbios, llamadas confusas o personajes que merodeaban cerca del poder… por supuesto. Pero la fotografía final es la que es: el golpe fracasa y la institución se alinea con el orden constitucional.
Y, por si fuera poco, lo que se está viendo en los primeros extractos no parece precisamente un “retrato heroico” de los golpistas sobre el Rey. Al contrario: cuanto más se conoce, más se desinflan las teorías de que el monarca era “el cerebro”.
El paralelismo con los ovnis (y por qué siempre pasa lo mismo)
Esto recuerda a esa dinámica que se repite en otros países: se anuncia una desclasificación, se promete “lo nunca visto”, se disparan expectativas… y al final aparece un montón de papeles que dicen, básicamente, que hubo informes, indicios, dudas, y un par de fenómenos sin explicación definitiva. Como cuando en Estados Unidos se habla de “papeles OVNI” y algunos esperan el marciano en formol: al final suele haber luces, observaciones y burocracia. Mucha burocracia.
Porque, de nuevo, quien decide qué sale a la luz es el poder político. Y el poder no suele sacar del armario los cadáveres que le pueden morder.
Lo preocupante: el uso político del 23F para dinamitar la Transición
La cuestión de fondo no es si un historiador encontrará un dato jugoso. La cuestión de fondo es otra: que este tipo de campañas —como otras anteriores, querellas incluidas, que acaban donde acaban— se usan para un objetivo más ambicioso: erosionar el relato democrático de la Transición.
Y aquí hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta: si se “acaba” con ese marco, si se declara que todo fue una gran estafa, ¿qué se pone en su lugar? ¿Un modelo venezolano? Dirán que no. ¿Una vuelta idealizada a la Segunda República? Ojo con las nostalgias: la República tuvo luces, sí, pero también un rasgo que muchos historiadores consideran decisivo: no fue un régimen de consenso, sino un escenario donde una España chocaba con la otra España.
La Transición —con sus defectos y sus renuncias— intentó justo lo contrario: integrar, coser, reducir la fractura. Si se rompe esa idea de integración, lo que entra por la puerta es la desintegración. Y eso, en un país como el nuestro, no es un juego de salón: es jugar con fuego.
Al final, la libertad es así: cuesta muchísimo ganarla y se pierde con una facilidad insultante. Por eso, antes de convertir cada documento en una hoguera, convendría recordar una lección básica: no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. Y el bosque del 23F, guste o no, ya está bastante claro.