El juez Villegas analiza: el caso del “número dos” de la Policía que dimite tras una querella por agresión sexual

Hay temas incómodos que, por desgracia, empiezan a repetirse. El juez Villegas pone el foco en uno de ellos: el caso de José Ángel González Jiménez, un nombre desconocido para la mayoría hasta hace nada y que, de repente, salta al primer plano por motivos nada ejemplares.

Según relata, González Jiménez era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, un puesto de altísima responsabilidad dentro del cuerpo. Y acaba de dimitir después de que se haya interpuesto contra él una querella presentada por una subordinada, una funcionaria de la Policía Nacional. El contenido es, en palabras del propio Villegas, especialmente grave: lo que se describe no sería un simple abuso, sino una penetración inconsentida, y además en un contexto que apuntaría a prevalencia de cargo y abuso de superioridad.

A partir de ahí, el caso explota y aparecen preguntas que, para Villegas, son más importantes que el titular fácil.

La querella que no pasa por comisaría: “un dato verdaderamente significativo”

Una de las cuestiones que más le llama la atención es la vía elegida por la presunta víctima: no habría denunciado en una comisaría, pese a que cualquier ciudadano puede hacerlo, sino que habría presentado directamente una querella en el juzgado, acudiendo al juez.

¿Por qué esto importa? Porque, según interpreta Villegas, la lectura es inquietante: una policía que no confía en la Policía. Y eso, en términos institucionales, es un aviso rojo. Existen protocolos legales y mecanismos internos, en teoría diseñados para canalizar denuncias por acoso o agresiones sin exponer a la víctima; sin embargo, la elección del juzgado sugiere que esos cauces no habrían generado seguridad suficiente.

Villegas subraya que esta decisión enlaza con una reflexión de fondo: cuando alguien se siente vulnerable, busca un espacio donde perciba garantías reales.

Jueces instructores: la “puerta” independiente que evita indefensión

El juez enlaza el caso con otro debate que está vivo: la pretensión de acabar con los jueces instructores y trasladar la investigación criminal a la Fiscalía. Aquí Villegas marca una diferencia clave: independencia no es lo mismo que autonomía.

A su juicio, la Fiscalía tiene una estructura jerárquica y conexiones más o menos directas con el poder político, mientras que el juez instructor representa un espacio de independencia al que una víctima puede acudir sin el temor a interferencias. Y remarca un punto incómodo: cuando hablamos de derechos de las víctimas, cualquier sombra de política en la investigación puede generar indefensión.

En este caso, dice, la mujer habría tenido una puerta clara: el juzgado, un juez independiente. Y advierte de que quienes, desde posiciones “progresistas”, defienden liquidar esa figura deberían medir el coste: pueden terminar levantando un muro precisamente frente a los más débiles.

“Organizaciones tóxicas”: cuando el problema no es solo una persona, sino el entorno

Villegas introduce una idea más, apoyándose en el concepto de organizaciones tóxicas del psicólogo Iñaki Piñuel: estructuras muy cerradas donde sus miembros pueden quedar atrapados en dinámicas de presión, opacidad y abuso.

Con todo, hace una precisión importante: como juez, ha trabajado durante años con la Policía Nacional y asegura que los agentes y funcionarios que ha conocido le han parecido ejemplares y profesionales. Pero insiste en que no hay que confundir a las personas con el ecosistema: una cosa es la calidad individual y otra la posibilidad de que una institución, por su estructura y jerarquía, pueda facilitar silencios o abusos si no se vigila.

Y aquí lanza un deseo que es, en realidad, una advertencia: ojalá la Policía no tenga nada que ver con ese tipo de organización cerrada donde el poder protege al poder.

¿Debe dimitir el ministro? La duda inicial y el matiz que lo cambia todo

Villegas entra después en la exigencia de dimisión del ministro. Reconoce que, “a bote pronto”, le genera dudas: un ministro tiene miles de subordinados y pedirle responsabilidad automática por la conducta de uno puede parecer excesivo si no hay más elementos. Habla de responsabilidad política o moral, pero alerta del riesgo de estirar tanto el concepto que acabemos concluyendo que todos somos culpables de todo.

Sin embargo, introduce el matiz que, para él, lo cambia todo: si lo que se ha publicado fuese cierto y el comportamiento inapropiado era conocido, si era “un secreto a voces” dentro de ciertos entornos, entonces la posición del ministro ya no es la misma. Porque en ese escenario la pregunta sería devastadora: si no lo sabía, por qué no se enteraba; y si lo sabía, por qué lo toleraba.

Y ahí Villegas conecta con un punto esencial: la Policía debe ser una institución de plena confianza para los ciudadanos. Si la cúpula aparece contaminada por rumores, tolerancias o prácticas impropias, el daño no es solo reputacional: afecta al lugar al que todos acudimos cuando somos víctimas.

La parte más repugnante: presiones para silenciar a la víctima

Por último, Villegas menciona lo que considera el tramo más nauseabundo del relato publicado: la posibilidad de que se hubiera presionado a la víctima para que no acudiera a la justicia, incluso con insinuaciones de “premios” o destinos para mantenerla callada. Él mismo señala que espera que no sea cierto, pero si lo fuera, sería inimaginable en un Estado de derecho y exigiría una respuesta contundente.

Y cierra con una comparación que funciona como alerta general: el peligro del pacto de silencio, de la “omertá” aplicada a estructuras de poder. Porque cuando todo el mundo lo sabe y nadie actúa, el problema deja de ser un individuo y pasa a ser un sistema.