El Juez Villegas sobre Begoña Gómez, el auto del juez y la gran enfermedad democrática que asoma tras el caso

El llamado caso Begoña ha entrado en una fase decisiva. El juez que dirige la investigación ha dado por concluida la instrucción, de modo que, si no hay cambios de fondo en el procedimiento, la esposa del presidente del Gobierno tendrá que sentarse en el banquillo y será un tribunal el que determine su culpabilidad o su inocencia.

Pero lo más llamativo no es solo el paso procesal. Lo verdaderamente relevante es el contenido del auto. La resolución judicial no se limita a declarar terminada la investigación, sino que recoge un relato de hechos del que se desprende que Begoña Gómez se habría prevalido de su condición de esposa del presidente para obtener beneficios ilícitos. Es decir, un supuesto caso de corrupción con una enorme gravedad política e institucional.

El problema no es la crítica, sino la presión

A partir de ahí, lo sucedido resulta tan revelador como inquietante. Varios ministros del Gobierno han salido a desacreditar al juez instructor. Y conviene decirlo con claridad: en democracia, los jueces pueden ser criticados. No son intocables ni viven al margen del debate público. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta la presión política.

Cuando miembros del Ejecutivo utilizan el peso de su cargo para sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez que investiga al entorno más próximo del presidente, ya no estamos ante una simple opinión. Estamos ante una forma de intimidación institucional que rebasa una línea roja.

Además, hay un detalle decisivo: los ministros no están desmintiendo de forma rotunda los hechos que recoge el auto. No están diciendo que todo sea falso. Lo que hacen es atacar al juez. Y eso, lejos de ayudar a Begoña Gómez, transmite una sensación de miedo que no pasa desapercibida para nadie.

Una reacción que delata nerviosismo

Porque si la investigada fuera completamente ajena a los hechos que se le atribuyen, lo razonable sería defender su inocencia y esperar con serenidad a que la Justicia lo aclare. Sin embargo, la reacción ha sido otra: una ofensiva política contra el magistrado.

Ese nerviosismo no refuerza la posición de la esposa del presidente. Más bien proyecta la imagen de un poder que teme lo que pueda acabar acreditándose en sede judicial. Y esa es precisamente la peor señal posible en un Estado de Derecho.

Tampoco deja en buen lugar a los ministros que, en formación cerrada, se prestan a salir en defensa de una persona investigada por corrupción. No es esa su función. Un ministro está para servir al Estado, no para actuar como escudo del poder cuando llegan los problemas judiciales.

Sin verdad no hay justicia

El caso Begoña, en realidad, va más allá de sus protagonistas. Lo que pone sobre la mesa es una pregunta mucho más profunda: ¿puede una democracia sostenerse si el poder político intenta desacreditar a los jueces cada vez que una investigación le incomoda?

Sin verdad no hay justicia. Y sin jueces independientes, tampoco hay verdad posible. Por eso este asunto vuelve a demostrar hasta qué punto son peligrosos los intentos de someter la investigación penal a órganos más permeables a la influencia del Ejecutivo, o de erosionar la credibilidad de los tribunales cuando sus resoluciones afectan a quienes mandan.

Lo esencial, al final, no es el ruido político, sino una sola cuestión: si los hechos que se atribuyen a Begoña Gómez son verdad o no. Todo lo demás es propaganda, distracción y miedo.