La ofensiva contra los jueces amenaza con abrir espacios de impunidad para el poder

La democracia no se mide solo por la limpieza de unas elecciones ni por la solemnidad de sus instituciones. Es el resumen del Juez Villegas este fin de semana. Se mide, sobre todo, cuando el poder tiene que rendir cuentas. Y ahí, en ese punto exacto, aparece siempre la misma piedra en el camino de los gobernantes: los jueces independientes.

Para entenderlo basta un ejemplo. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, ha sido objeto en los últimos tiempos de rumores y sospechas en torno a sus relaciones internacionales, especialmente por su papel respecto al chavismo venezolano. Se ha llegado a insinuar, sin que exista una condena ni una resolución judicial que lo acredite, que pudiera haber cobrado determinadas cantidades por gestiones favorables a la dictadura venezolana.

¿Es cierto? ¿No lo es? La respuesta, en un Estado de Derecho, solo puede ser una: mientras no haya pruebas suficientes y una sentencia firme, debe prevalecer la presunción de inocencia. Dentro y fuera de los tribunales. El honor de las personas debe respetarse, incluso cuando existen rumores, sospechas o informaciones que puedan resultar incómodas.

Ahora bien, que los rumores no equivalgan a pruebas no significa que, si aparecieran indicios sólidos de delito, el sistema deba mirar hacia otro lado. Al contrario. En cualquier país civilizado, si surgieran indicios de una actividad criminal, lo lógico sería abrir un procedimiento judicial con todas las garantías, investigar los hechos y determinar, llegado el caso, la culpabilidad o la inocencia del investigado.

Eso es lo normal. Eso es lo previsible. Eso es lo que debe ocurrir.

Cuando la Justicia molesta al poder

El problema es que no siempre ocurre así. Hay países donde el poder judicial no es independiente, sino una simple extensión del poder político. Venezuela, Cuba o China son ejemplos evidentes de sistemas en los que nadie querría verse sometido a un tribunal si previamente ha incomodado al régimen. Allí el ciudadano sabe que juega con las cartas marcadas.

Pero entre la democracia plena y la dictadura abierta existen zonas intermedias. Y en esas zonas es donde cada vez se percibe con más claridad una tendencia preocupante: la Justicia se convierte en una incomodidad para el poder, y el poder reacciona intentando desacreditarla, limitarla o someterla.

No se trata de una impresión subjetiva. Diversos foros internacionales llevan años alertando del deterioro del Estado de Derecho en distintas regiones del mundo. En Iberoamérica, especialmente, se aprecia una deriva inquietante: retrocesos en la separación de poderes, presión política sobre magistrados y reformas que reducen la independencia judicial.

México, el ejemplo más alarmante

El caso de México resulta especialmente llamativo. La reforma judicial impulsada en ese país ha supuesto la sustitución masiva de jueces y magistrados por un sistema de elección popular que numerosos observadores internacionales han visto con enorme preocupación.

Sobre el papel, elegir jueces en las urnas puede sonar democrático. En la práctica, sin embargo, el riesgo es evidente: politización de la Justicia, pérdida de criterios técnicos y apertura de la puerta a candidatos vinculados a intereses partidistas, económicos o incluso criminales.

El problema no es solo simbólico. Si los jueces dejan de depender de su formación, de su carrera y de su independencia profesional para pasar a depender de campañas, apoyos políticos o redes de influencia, la Justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en un botín.

Y cuando la Justicia se convierte en un botín, el ciudadano queda desprotegido.

Un patrón que se repite

La ofensiva contra los jueces suele seguir un patrón reconocible. Primero, un magistrado investiga hechos que afectan a personas próximas al poder. Después, comienza una campaña de desprestigio personal: se cuestiona su imparcialidad, se hurga en su vida privada, se exageran errores menores o se fabrican sospechas. Finalmente, llegan las reformas legales destinadas a recortar su margen de actuación.

Es un mecanismo conocido. No siempre se presenta con la misma intensidad ni con los mismos nombres, pero la lógica es idéntica: convertir al juez incómodo en enemigo público para justificar después el control político de la Justicia.

Y conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿eso ocurre solo fuera de España?

Por desgracia, no.

España también debe mirar dentro

En España hemos visto cómo determinados jueces que investigan asuntos sensibles para el poder político se convierten de inmediato en objetivo de campañas durísimas. El caso del juez Peinado es uno de los más recientes, pero no el único.

La historia ofrece precedentes. El juez Marino Barbero, de sensibilidad progresista y nada sospechoso de pertenecer a la derecha sociológica, sufrió una campaña feroz cuando investigó casos de corrupción vinculados al PSOE en la etapa de Felipe González. Aquel episodio demuestra que el problema no es ideológico. El poder, cuando se siente amenazado, tiende a protegerse. Y para protegerse, a veces intenta destruir al mensajero.

Hoy el riesgo no está solo en los ataques personales. Está también en las reformas que pueden alterar el equilibrio institucional. La posibilidad de sustituir la instrucción judicial independiente por una investigación dirigida por fiscales genera dudas legítimas, especialmente en un sistema donde la Fiscalía mantiene una relación jerárquica y orgánica que puede verse afectada por el poder político.

La palabra “autonomía” puede sonar bien. Pero no equivale necesariamente a independencia.

El peligro de usar el BOE contra los jueces

También preocupan otras propuestas o debates que afectan al corazón del sistema: limitar la presencia pública de los jueces, restringir su capacidad de expresión, modificar el acceso a la carrera judicial o debilitar el sistema de oposiciones, que durante décadas ha permitido que ciudadanos de clases medias y trabajadoras pudieran llegar a la judicatura por mérito y esfuerzo.

Atacar ese modelo puede tener consecuencias profundas. La Justicia no es perfecta, desde luego. Ninguna institución humana lo es. Pero una cosa es corregir defectos y otra muy distinta es desactivar los contrapesos que impiden al poder actuar sin control.

España no es Venezuela. España no es Cuba. España no es China. Y conviene decirlo con claridad. Nuestro país tiene una tradición democrática consolidada, forma parte de la Unión Europea y dispone de instituciones que, pese a todos sus problemas, siguen funcionando.

Pero precisamente por eso hay que defenderlas. Porque se puede hacer mucho daño sin convertir formalmente un país en una dictadura. Se puede degradar el Estado de Derecho, crear zonas de impunidad, intimidar a los jueces y enviar un mensaje devastador: investigar al poder sale caro.

Una advertencia al poder político

Los gobernantes deberían recordar algo elemental: no estarán siempre en el Gobierno. Las reformas que hoy se diseñan para incomodar menos al poder de turno pueden ser utilizadas mañana por un poder de signo contrario.

Quien juega con la independencia judicial pensando que así se protege, quizá está fabricando el instrumento que algún día se volverá contra él.

Por eso la advertencia es sencilla: no conviene jugar con fuego. La Justicia independiente no es un capricho corporativo ni una molestia administrativa. Es una garantía para todos, también para quienes hoy la critican.

Somos españoles, europeos y occidentales. Nuestra tradición democrática, con todos sus defectos, se sostiene sobre una idea básica: nadie debe estar por encima de la ley.

Ni los ciudadanos anónimos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los expresidentes. Ni los gobiernos.

Y esa es precisamente la razón por la que hay que preservar lo que todavía funciona. Porque cuando se rompe la independencia judicial, lo que viene después no suele ser más democracia. Suele ser más impunidad.