Los Ministros y sus viviendas
El Gobierno de los pisos: los ministros de Sánchez predican contra los propietarios mientras acumulan viviendas
El Ejecutivo convierte la vivienda en bandera política, señala a caseros y grandes tenedores, pero sus propios miembros suman un patrimonio inmobiliario difícil de encajar con su discurso.
España tiene un problema de vivienda. Lo sabe cualquier joven que intenta emanciparse, cualquier familia que busca alquiler en una gran ciudad y cualquier trabajador que comprueba cómo el sueldo se esfuma entre hipoteca, renta y facturas. Lo repite también el Gobierno, que ha hecho de la vivienda una de sus grandes banderas políticas.
Lo llamativo es quién lo repite.
Porque mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez carga contra propietarios, caseros y grandes tenedores, sus ministros presentan unas declaraciones de bienes que dibujan una fotografía incómoda: 19 miembros del Gobierno suman 39 viviendas. Una cifra que convierte al Consejo de Ministros en una reunión bastante más inmobiliaria que social.
El caso más simbólico es el de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. La encargada de prometer miles y miles de casas públicas acumula varios inmuebles en Ciudad Real, además de plazas de garaje y otros bienes vinculados a su patrimonio. La ministra que no deja de anunciar soluciones para los demás parece tener, al menos en lo personal, bastante resuelto el problema habitacional.
No es la única. María Jesús Montero, figura clave del sanchismo y candidata socialista en Andalucía, declara cuatro viviendas en Sevilla y dos hipotecas. Todo ello aparece recogido en la información patrimonial publicada oficialmente. Un dato que no tendría mayor recorrido si no fuera porque hablamos de dirigentes que llevan años dando lecciones sobre justicia social, redistribución y acceso a la vivienda.
Félix Bolaños tampoco se queda atrás. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuenta con tres viviendas y una plaza de garaje: dos en Madrid y una en Almería. Además, una de sus casas madrileñas figura en alquiler, con unos ingresos cercanos a los 12.000 euros anuales. Es decir, el Gobierno que mira con sospecha a quienes alquilan una vivienda tiene en sus propias filas a ministros que también sacan rendimiento del ladrillo.
Pedro Sánchez, por su parte, declara dos viviendas y dos plazas de garaje. Entre los datos que más llaman la atención figura una propiedad adquirida en 1992, cuando el actual presidente tenía apenas 20 años. El jefe del Ejecutivo tampoco escapa, por tanto, a esta radiografía de un Gobierno que habla mucho de la vivienda de los españoles, pero que tiene muy bien cubiertas las suyas.
Especialmente llamativo es también el patrimonio de Óscar Puente. El ministro de Transportes declara cuatro viviendas: tres en Valladolid y una en Alicante, además de plazas de garaje. La última adquisición, en la costa alicantina, obligó a modificar su declaración de bienes. Todo ello mientras el ministro dispone además de las comodidades asociadas a su cargo y de las ayudas previstas para diputados elegidos fuera de Madrid.
Y si hay un caso que pasa más desapercibido, pero no por ello resulta menos significativo, es el de Luis Planas. El ministro de Agricultura cuenta con propiedades en Córdoba, Málaga, Madrid y Marruecos, además de un terreno de secano en Córdoba. Una cartera inmobiliaria amplia para un ministro que rara vez aparece en el foco de estas polémicas, pero que también forma parte de la misma fotografía.
El asunto no es que un político tenga una vivienda. Ni dos. Ni que haya comprado un piso con su dinero. El problema es la contradicción. El Gobierno señala a los propietarios, endurece el discurso contra quienes alquilan, promete viviendas públicas que no llegan y convierte el acceso a la vivienda en un arma electoral permanente. Pero cuando se revisan las declaraciones de bienes de sus propios miembros, el retrato es el de un Ejecutivo con una relación muy cómoda con el mercado inmobiliario.
Dicho de otro modo: los ministros que acusan a otros de acaparar vivienda no parecen precisamente vivir de alquiler en una habitación compartida.
La crisis de la vivienda exige soluciones reales, no sermones. Exige más oferta, seguridad jurídica, menos burocracia y políticas eficaces. Lo que no admite es un Gobierno que reparte culpas desde una posición de privilegio, mientras sus propios ministros acumulan pisos, garajes, apartamentos y rentas.
Porque España no necesita más anuncios grandilocuentes ni más campañas contra los propietarios. Necesita que quienes gobiernan dejen de predicar una cosa y practicar otra.
Y, sobre todo, necesita saber por qué quienes prometen arreglar el problema de la vivienda son, precisamente, los que menos parecen sufrirlo.