La Moncloa sospecha que los funcionarios independentistas sabotearán el 155

Cuando el sábado el Consejo de Ministros encuentre sobre su mesa los numerosos dosieres para la aplicación del artículo 155 de la Constitución que han elaborado durante meses los técnicos -juristas y abogados del Estado- de la Administración General, la teoría constitucional sobre un precepto inédito en nuestra democracia estará ya escrita negro sobre blanco. La guía de medidas concretas y prácticas que el Gobierno pondrá en marcha dentro de una semana para intervenir la gestión de Cataluña a la Generalitat sediciosa.

Muchas son las dudas, los recelos y las desconfianzas que el 155 genera en el Ejecutivo. "Es un gran agujero negro", reconocía a ESdiario un veterano diputado del PP, exministro de Rajoy, justo hace una semana durante el pleno monográfico sobre Cataluña en el Congreso, en la víspera del 12-0.

La Moncloa tiene decidido quiénes serán los altos cargos que dictarán las órdenes emanadas del Consejo de Ministros y del Senado. También los técnicos del Estado que las pondrán en práctica. Pero duda de la lealtad de quienes están llamados a tener una contribución decisiva para que la operación 155 culmine con éxito: los 170.000 funcionarios públicos de la Generalitat.

Rajoy aplica el 155 para liberar a millones de catalanes rehenes de Puigdemont

Dos precedentes han generado una honda preocupación en Madrid. Por una parte, el seguimiento muy mayoritario que esos funcionarios hicieron del paro de país convocado por el independentismo el 3-O, dos días después del referéndum ilegal. Es muy difícil saber quiénes de ellos se sumaron voluntariamente y los que lo hicieron por la presión y el acoso ambiental.

La Generalitat tiene 170.000 funcionarios pero los sindicatos independentistas, CGT, COS, Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Cataluña, son muy minoritarios.

Y, en segundo lugar, inquieta una iniciativa de la Asamblea Nacional Catalana con la que La Moncloa ha topado ahora. Se trata de una propuesta que lanzó Jordi Sànchez -en prisión preventiva desde el lunes- para que los funcionarios catalanes "juren fidelidad" al nuevo estatus de Cataluña. Y es que los secesionistas reconocían ya hace meses que "durante un tiempo" pueden coexistir "dos legalidades nacionales": la derivada de la Constitución y la que consagra la llamada Ley de Transitoriedad.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a Oriol Junqueras, responsable de los funcionarios de la Generalitat.

La citada Ley de Transitoriedad contempla que aquellos funcionarios -tanto personal laboral como de carrera- destinados en "las instituciones estatales españolas, la Generalitat de Cataluña y en los entes locales de Cataluña y que hayan nacido o acrediten una residencia de manera efectiva en Cataluña durante un periodo de tiempo adquirirán de manera automática la nacionalidad del nuevo Estado catalán, pudiendo continuar desarrollando sus funciones en las entidades locales o donde estén adscritos con anterioridad al día en que Cataluña se convierta en un Estado independiente".

Un precepto que afecta a los 170.000 funcionarios en aquella Comunidad. Aunque los sindicatos aún no se han posicionado sobre los efectos de la aplicación del 155, existe un precedente. Durante los preparativos del 1-O muchos fueron los funcionarios que se dirigieron a CSIF, UGT y CCOO pidiendo asesoría jurídica. Las centrales activaron buzones de apoyo e instaron a sus afiliados a no colaborar con la organización del referéndum. Una decisión que obligó a Puigdemont y Junqueras a recurrir a voluntarios de la ANC y Òmnium.

En las últimas horas circula el runrún de que los planes de ejecución del 155 prevén que la estructura de la Generalitat sea dirigida por una "autoridad gubernamental transitoria", con un "marcado perfil técnico" y bajo cuyo mando estarán esos funcionarios de la Generalitat.

Trapero, con pie y medio fuera: el reglamento de los Mossos le fulmina

Dado que el Govern será disuelto, esos funcionarios públicos estarán obligados a acatar las órdenes y a cumplirlas. Será el caso, por ejemplo, de los 17.000 mossos, que deberán ponerse a la orden del nuevo mando que el Ministerio del Interior designará para relevar al director general, Pere Soler, y al mayor Josep Lluís Trapero.

Desde sanciones administrativas hasta penas de cárcel

Esos 170.000 funcionarios de la Generalitat, como los del resto de España, se rigen por el  Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. Su artículo 6 considera falta muy grave "el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública".

El Gobierno cuenta no obstante con una ventaja, los sindicatos que agrupan a los funcionarios catalanes independentistas son muy minoritarios en el sector: CGT, COS, Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya a favor de la independencia.

Queda por ver ahora hasta que límite están dispuestos Puigdemont y Junqueras a llegar con sus tropas empotradas en la administración, la mayoría afínes al PDeCAT tras casi treinta años de régimen de Convergencia. Pero esos soldados saben también que se ahora se juegan su carrera e, incluso, la cárcel.