Un diputado socialista considera “machista” que se critique a Carmen Montón

El caso es que a día de hoy sin un acuerdo con Ribera Salud (socio único si ejerce el derecho de tanteo de las acciones de DKV en La Marina ante su eventual intento de compra por la Generalitat) la reversión es imposible porque hay un contrato en vigor. Falta conocer los efectos últimos de la modificaciones de la Ley de Salud para saber si ese estatus legal cambia. Pero de momento las cosas son así. Y a Ribera Salud la acaban de sacar de la gestión de La Ribera de forma poco amistosa, por lo que ahora mismo su postura es, “si llaman”, de “no es no”.

Era obvio que la reversión de La Ribera (Alzira) tenía que salir en el primer pleno de control al president desde el el 1 de abril, día de la victoria de la consellera Montón. Y, parabienes de la izquierda aparte, lo principal ha resultado ser el anuncio de Ximo Puig de que ahora es el turno de la concesión de La Marina (Denia), y la denuncia del popular José Juan Zaplana de un contrato de Conselleria con una empresa vinculada al “procés” catalán.

Otra, otra.

Entre los parabienes, el del portavoz de Compromís, Fran Ferri, que, a lo Leire Pajín cuando el encuentro “planetario” entre Obama y Rodríguez Zapatero, ha afirmado que la reversión del domingo de La Ribera fue “un momento histórico, y me quedo corto”. Ferri ha pedido que sea sólo un primer paso. Su compañero, el síndico de Podemos Antonio Estañ, se ha interesado por las próximas acciones para revertir el resto de concesiones sanitarias y ha pedido al Consell que no se olvide de rescatar también el servicio de resonancias. Según Estañ el modelo Alzira “nos ha robado”.

Puig no ha defraudado a sus dos socios interpelantes y ha afirmado que “rescataremos a medida que vayan venciendo los contratos o se produzcan circunstancias especiales, como en La Marina. Antes de verano negociaremos con la concesionaria para resoverlo de forma anticipada”. Pero “con seguridad jurídica”. Montón, que cuanto más le interpelan en el hemiciclo menos habla, sí que ha intervenido para asegurar que el objetivo sigue siendo completar dos reversiones antes de que acabe la legislatura. 

Réplicas sin desperdicio

El debate que ha provocado el anuncio de Puig ha tenido continuación en el pleno de Les Corts durante las intervenciones para la modificación de la Ley de la Salud, inmediatamente posteriores a la sesión de control.

Así, desde Ciudadanos el diputado Emigdio Tormo ha citado la frase de la película Top Gun de “su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar”. Su compañero Juan Córdoba ha sentenciado que “los ciudadanos no quieren una regulación política de la sanidad”, y ha anunciado la derogación de la ley si llegan al gobierno.

En eso ha coincidido con el portavoz del PP para Sanidad, José Juan Zaplana. El popular sin embargo ha ligado este debate con el de la financiación presuntamente irregular del PSPV al afirmar en referencia a la poca querencia del Consell por la colaboración público-privada en Sanidad que “para ustedes hay empresas buenas y empresas malas. Y si les pagan carteles y llaveros son buenas”.

El machismo como recurso dialéctico

Zaplana ha sido contundente en sus críticas al Botànic, al Consell, y a la titular de Sanidad. La idea-fuerza era que “en tres años no han podido demostrar de ninguna manera que el modelo era perjudicial”. Idea que ha adobado con frases como que “ustedes ponen a la gente en peligro cuando no usan todos los recursos en su mano”; que Montón ha nombrado a todo el equipo directivo de La Ribera “a dedo y ustedes brindan con cava”; o que “todo lo que toca esta consellera lo hunde” y que “no la cesan más por lo que calla que por lo que gestiona”.

Los defensores de la consellera

Carmen Montón ha tenido dos firmes defensores, uno por partido del Consell. Desde Compromís, Isaura Navarro ha repetido el mantra de que la salud “es un derecho y no un negocio”, le ha insinuado al diputado popular que defiende “a la empresa” y no a los valencianos, y le ha espetado como argumento de peso que “nosotros hacemos mejores leyes que vosotros”.

En su siguiente intervención Zaplana ha asegurado que él no habla nunca de empresa sino “de modelo”, ha instado a Navarro a interesarse por lo que ha pasado con la fibromialgia en La Ribera tras la reversión, y ha vuelto al asunto de la presunta financiación irregular, en este caso del Bloc, para dirigirse a la diputada de Compromís y preguntarle “a ver dónde puso usted la cara y quién lo pagó”, en referencia a la propaganda electoral bajo sospecha.

El otro defensor de la consellera ha sido el socialista Ignacio Subías, que no ha encontrado mejores argumentos que los de negar al PP la posibilidad de cualquier crítica en materia de financiación porque son “hijos de Fabra y de Cotino”, y en materia de de sanidad porque en su opinión Zaplana “insulta” a la consellera y censura “a la persona” y no a la gestión, por lo que se ha preguntado si no será “machismo”.

Denuncia de Zaplana: la Conselleria y una empresa del “procés” 

Lo que no ha tenido respuesta es la denuncia de Zaplana de que el “gran problema con los historiales clínicos de los pacientes de La Ribera” la Conselleria lo ha resuelto contratando “a una empresa que va a hacer de puente encareciendo el servicio, con dinero de los ciudadanos. ¿Quién hace negocio con la Sanidad? La empresa se llama Seidor, una empresa que, según diferentes informaciones periodísticas, está vinculada con el cuñado del expresidente Artur Mas, investigada por la organización del referéndum del 1 de octubre y por adjudicaciones y blanqueo de cuarenta contratos con la Administración de 450 millones de euros”.