Caso ERE: Un exdirector de la Junta, el "conseguidor" de UGT y su mujer a juicio

Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental para apoderarse de 32,3 millones de euros de ayudas públicas de las arcas andaluzas. Estos son los presuntos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla relacionados con una de las muchas piezas en las que se divide la macrocausa de corrupción de los ERE de Andalucía y por la que lleva a juicio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, el exmiembro de UGT y presunto "conseguidor" de subvenciones Juan Lanzas y otra veintena de personas.

Todas ellas están investigadas por el uso presuntamente fraudulento de ayudas por valor de 32,3 millones de euros concedidas a la empresa Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa), mediante el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias.

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El juez ha acordado continuar las diligencias y sentar en el banquillo, como presuntos responsables penales, a un total de 21 investigados, entre los que figura el exdirector de la Junta como máximo responsable de la administración, ya que sus superiores, consejeros y presidentes socialistas, fueron juzgados en el procedimiento específico de los ERE.

Así que el caso se centra en el exdirector Rivera y en los que fueran presidentes del consejo de administración de Hitemasa Manuel M.S. y Antonio M.T., así como también los responsables de la empresa Guillermo V.M., Amparo A.L., Juan Manuel G.G. y Francisco N.D.R. También están investigados el exmiembro de UGT Juan Lanzas por sus presuntas "influencias e intermediaciones ejercidas" para conseguir los fondos públicos, la mujer de este, Patrocinio S.G.; el exdirectivo de la consultora Vitalia José Antonio Albarracín y el excomercial de tal entidad en Sevilla Jesús Bordallo.

32,3 millones públicos desviados

Mientras la causa gira en torno a los 32,3 millones de euros concedidos entre los años 2000 y 2007 por la Junta a Hitemasa, principalmente para sufragar las indemnizaciones por despido y prejubilaciones de los trabajadores afectados por dos ERE promovidos por dicha empresa.

El exsindicalista de UGT Juan Lanzas, acudiendo al un juicio en la Audiencia de Sevilla.

La mujer del sindicalista Lanzas figura como acusada por haber gozado de tales rentas pese a no estar incluida en el procedimiento o no contar con relación con la sociedad en cuestión, situación similar a los también acusados María Josefa M.E., Nieves R.P., José T.R., José G.A., Felipe C.A., Francisco A.H., Fernando P.R., Antonio L.M. y Félix C.R. Incluso el propio Lanzas habría figurado entre los beneficiarios de las rentas derivadas de los ERE de Hitemasa incentivados por la Junta, según la instrucción del caso.

Rivera en el ojo del huracán

"Concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícita", ha indicado el juez sobre la actuación del exdirector andaluz Daniel Rivera, al que no excluye de las piezas separadas de las ayudas, a pesar de las quejas de su letrada.

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El auto expresa también con respecto a Rivera "la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones" por la Audiencia Provincial.

Meses atrás, la abogada defensora de Rivera lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal del "procedimiento específico", Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión, muy por encima de las penas recaídas en los condenados por la pieza principal del denominado como "procedimiento específico" de financiación de los ERE.