El indulto de Griñán cae en las manos del mismo tribunal que lo condenó

A los exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados a prisión por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos se les pone el camino cuesta arriba para conseguir el ansiado indulto que han solicitado. Y es que, el mismo tribunal que emitió las sentencias condenatorias contra ellos, la Audiencia de Sevilla, será el encargado de pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre casi todos los indultos solicitados por los condenados a prisión, entre ellos el del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán.

La Audiencia de Sevilla había remitido un oficio al Tribunal Supremo, al objeto de que el mismo resolviese sobre "la competencia para informar" al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados, y su decisión es que sea el órgano emisor de la sentencia inicial sobre el "procedimiento específico" (la Audiencia) la que se pronuncie al respecto, después de condenar, entre otros, a Griñán a seis años y un día de cárcel por malversación, una pena actualmente suspendida merced al cáncer de próstata que padece.

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 Ahora, la Audiencia recibe el oficio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde la misma informa de que, tras haber casado la mencionada sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia únicamente en relación al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, rebajando su pena a tres años de cárcel; sólo le corresponde (al Supremo) tramitar la petición de indulto correspondiente a éste, quien también goza de la suspensión provisional de su pena de prisión.

El siguiente paso ha sido de la Audiencia de Sevilla que remite la pieza correspondiente a la petición de indulto de Márquez al Tribunal Supremo; así como traslada la petición de indulto de los otros ocho condenados a cárcel, entre ellos Griñán, al Ministerio Fiscal, para que el mismo emita el preceptivo informe, tras lo que será la Sección Primera la que deberá pronunciarse ante el Ministerio de Justicia que tendrá la última palabra para conceder la medida de gracia a los exdirigentes del PSOE andaluz sentenciados por el caso de corrupción de los ERE.