El rodillo socialista impone esta medida que empezará a aplicarse a los contribuyentes a partir del 1 de enero de 2025.
La reciente aprobación de la Ley de Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha, conocida popularmente como la ley de acompañamiento a los presupuestos, ha desatado una fuerte controversia en la región. Esta normativa, que ha recibido el respaldo mayoritario del PSOE, ha sido objeto de duras críticas por parte del Partido Popular (PP) y Vox, especialmente en lo referente a la implementación del polémico canon del agua.
El debate parlamentario, que tuvo lugar este jueves, se centró en gran medida en la inclusión del canon del agua en el texto de la ley, el cual comenzará a ser aplicado a los contribuyentes a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida ha generado un intenso debate entre los distintos actores políticos, destacando las posturas encontradas entre el Gobierno regional y la oposición.
Hoy @garciapage ha consumado su jueves indigno. Los aplausos de sus diputados en el Congreso y los suyos propios en las Cortes son tan vergonzosos como los votos con los que han aprobado la Ley de Amnistía y el canon del agua que perjudican gravemente a los castellanomanchegos. pic.twitter.com/Ix0vUEI6SY
— Carolina Agudo (@carolagudo) March 14, 2024
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió enérgicamente la necesidad de este nuevo tributo, argumentando que contribuirá a mejorar la eficacia de los servicios administrativos y beneficiará a toda la ciudadanía. Además, señaló que la implementación del canon del agua responde a una obligación europea y destacó que otras comunidades autónomas gobernadas por el PP ya lo aplican.
En cuanto a los detalles de la medida, Ruiz Molina destacó que se contempla una exención para los primeros 10.000 litros consumidos, así como deducciones del 75% para familias numerosas, personas en riesgo de exclusión social, zonas con riesgo de despoblación e instalaciones deportivas. Asimismo, aseguró que la recaudación se destinará a la mejora de infraestructuras de depuración, con el objetivo de garantizar un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.
Sin embargo, desde el PP, su presidente Paco Núñez, expresó su rotundo rechazo al canon del agua, calificando este día como "ignominioso" para Castilla-La Mancha. Núñez criticó duramente la medida, acusando al Gobierno regional de querer "meter la mano en el bolsillo" de los ciudadanos y de generar un "doble gasto" al aplicar un impuesto ya existente.
Por su parte, Vox lamentó la imposición de este nuevo impuesto, argumentando que perjudicará tanto a la industria como a la economía de los ciudadanos sin resolver los problemas estructurales relacionados con el agua en la región.
En medio de esta intensa polémica, la aprobación de la Ley de Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha ha dejado en evidencia las profundas divergencias políticas en torno a la gestión de recursos y la aplicación de medidas fiscales en la región.