| 03 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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La edil socialista Lola Vilchez.
La edil socialista Lola Vilchez.

El PSOE denuncia la proliferación de contenedores de ropa sin permiso

| Redacción Alicante Edición Alicante

El Grupo Municipal Socialista (GMS), a través de Paco Sanguino, denuncia que el Ayuntamiento no ha firmado ningún convenio, licitación contrato o autorización con ninguna empresa, salvo con Proyecto Lázaro, para que se puedan instalar contenedores de recogida de ropa usada. Sin embargo, pese a no haber permiso municipal, existen contenedores de color rosa y azul en la vía pública y en fincas privadas sin autorización, lo que hace pensar que se está haciendo una competencia desleal e incluso “fraudolenta” por parte de particulares o empresas.

La edil socialista, Lola Vilchez, solicitó el 18 de febrero de 2020 ante el Registro del Ayuntamiento, el expendiente completo relativo a las instalación de contenedores de recogida de ropa en las calles Cefeo, Concejal Lorenzo Llaneras (esquina a Recaderos de los Ríos) y Manuel Díaz Gálvez. Precisamente, la concejala puso como ejemplo estas calles aunque existen depósitos (azules y rosas) por toda la ciudad. Hay instalados un mínimo de 60 contenedores de estos colores.

La proliferación de contenedores de ropa usada en la ciudad pertenecientes a empresas privadas o particulares preocupa al Grupo Municipal Socialista, porque considera que es un servicio social fundamental y que no se puede negociar o sacar rédito económico de esta actividad creada para las personas con escasos o ningún recursos.

A Paco Sanguino le sorprende que desde la Concejalía de Acción Social y Familia, dirigida por la concejal 'popular' Julia Llopis, se haya respondido a la solicitud socialista enumerando solo los contenedores exclusivamente de Proyecto Lázaro (color naranja), con la que sí existe un convenio, y no se nombre para nada aquellos contenedores que campan a sus anchas en vía pública o fincas privadas, que es lo que precisamente preocupa al GMS. “Nos parece imposible que haya contenedores de residuos en la vía pública sin conocimiento del Ayuntamiento, en particular de Acción Social, que permite una actividad como esta sin haber un convenio o acuerdo. Quiero pensar que es desconocimiento, porque no se entiende que se permita una actividad que perjudica directamente a una entidad sin ánimo de lucro como es Proyecto Lázaro que sí cumple con los requisitos y tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento”, ha indicado Paco Sanguino.

El portavoz socialista ha afirmado que entidades sociales como el Proyecto Lázaro son fundamentales, “ya que se basa en un modelo de economía circular que son muy necesarias para la ciudad. Es un proyecto para recuperar personas que por causas diferentes ha salido del mercado de trabajo y necesitan tanto una inserción laboral como social”.

En este sentido, el Grupo Socialista va a pedir que se extienda hasta septiembre de 2021 el convenio con Proyecto Lázaro -expira en mayo de 2021- fecha en la que Medio Ambiente sacará a licitación un nuevo convenio sobre el resto de residuos. “Consideramos que de mayo a septiembre se tiene que seguir dando el servicio que ofrece ahora a la sociedad Proyecto Lázaro, para que no se queden decenas de personas sin el apoyo socio-laboral que ofrece esta asociación”, ha declarado la edil Lola Vilchez.

Recordar que esta entidad social tiene empleada a más de una treintena de personas en riesgo de exclusión social. De estos trabajadores once estarán empleados entre dos a tres años, 6 son técnicos con contratos indefinidos y el resto reciben una protección laboral permanente siempre que cumplan con una condiciones sociales que se les exige.

La importancia de frenar la proliferación de empresas privadas o particulares que compiten de forma posiblemente ilegal frente a asociaciones como Proyecto Lázaro, que por poner un ejemplo, tiene que pagarse los 300 contenedores naranjas que tiene repartido por Alicante -cada depósito cuesta 800 euros-, da una idea del esfuerzo que tienen que hacer para poder seguir desarrollando su labor. “Desde el Ayuntamiento se debe arbitrar una política social activa que beneficie a entidades sociales ya que esto provoca que se recuperen para la sociedad personas que antes no tenían ningún futuro”, ha asegura Vilchez.