Se cumplen dos meses del accidente de Adamuz sin resolver y sin responsables

El accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en de Adamuz (Córdoba), sigue bajo investigación y, dos meses después, se han ido aclarando algunos aspectos clave, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro que le costó la vida a 46 personas y dejó más de un centenar de heridos, de los cuales aún tres personas permanecen hospitalizadas, lo que lo convierte en uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en las últimas décadas.

El accidente se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló en sus últimos vagones e invadió la vía contraria, colisionando con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. El origen del descarrilamiento, según los informes técnicos preliminares han apuntado como causa más probable a un fallo en la infraestructura ferroviaria, concretamente una posible rotura del carril.

Según los análisis, esta rotura podría haberse originado en una zona de soldadura entre tramos de vía de distinta antigüedad, un punto especialmente sensible al desgaste. Además, el borrador del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) concluye que la vía por la que circulaba el tren de Iryo accidentado estaba rota desde la noche anterior al siniestro, es decir 22 horas antes, lo que refuerza la hipótesis de que existieron indicios previos de anomalías que quizá no fueron detectados o gestionados a tiempo.

A día de hoy, la investigación se centra en determinar la causa exacta de esa rotura, ya que existen dos principales hipótesis técnicas: una soldadura defectuosa entre carriles de distinta dureza o antigüedad, o un fallo del propio material del carril, como fatiga o defecto interno del acero. Los análisis periciales serán clave para esclarecer cuál de estas opciones —o una combinación de ambas— originó el accidente.

Las pruebas y las advertencias de la jueza

La investigación judicial también ha puesto el foco en los protocolos de mantenimiento y supervisión. Se está analizando si las revisiones fueron adecuadas y si los sistemas de detección funcionaron correctamente. En este contexto, ha surgido una fuerte polémica al respecto de la salvaguarda de las pruebas, después de un informe de la Guardia Civil que señalaba que personal de Adif, dos días después del accidente y sin autorización judicial, retiró material de las vías. Una cuestión que podría haber afectado a la conservación de pruebas clave del siniestro y le ha costado la advertencia a Adif de la jueza que lleva el caso, así como el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que reconocer el "error".

Por el momento, no se ha confirmado el cese de ningún responsable directo, aunque la gestión del ministerio de Transportes está en el foco de todas las miradas. Tanto desde el ámbito judicial como desde las asociaciones de víctimas se insiste en la necesidad de depurar responsabilidades, especialmente en lo relativo al mantenimiento de la vía, la supervisión de posibles anomalías y la gestión de las alertas previas al accidente.

Las víctimas se movilizan y piden transparencia

Por otro lado, las víctimas y sus familiares han dado un paso más en el proceso judicial: se han organizado en una asociación y se han personado como acusación en el juzgado, con el objetivo de tener acceso a la investigación, exigir responsabilidades y garantizar que se esclarezcan completamente los hechos. Además, han denunciado falta de información y han reclamado mayor transparencia durante todo el proceso, así como han convocado una manifestación.

En resumen, dos meses después del accidente, la hipótesis principal apunta a un fallo estructural en la vía, pero aún queda por determinar si su origen está en una soldadura mal ejecutada o en un defecto del propio material del carril, una cuestión clave que marcará las posibles responsabilidades.