La jueza de Adamuz acepta la personación de la Junta, aunque limitada, tras el varapalo a Huelva

Tras el jarro de agua fría que recibieron recientemente de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, esta vez la respuesta de la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero ha sido positiva. La titular del grave caso que arrastra el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil.

Así lo han confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a través de un comunicado al que ha tenido acceso ESdiario, en el que explica que esta personación como actor civil sólo tendrá limitaciones y solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción", han detallado las fuentes.

Al respecto, el Gobierno andaluz confirmaba este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que había solicitado personarse en las diligencias abiertas, una vez que mandató a su gabinete jurídico a que diera ese paso procesal. Aún con este papel que le toca jugar, la Junta de Andalucía trasladado que acompañarán a las víctimas para que "se llegue hasta el final de la investigación".

Una investigación que arroja ya datos cada vez más concluyentes sobre las posibles causas del descarrilamiento, como avanzamos este miércoles en este periódico, a través de un informe de la Guardia Civil que ha trasladado a la jueza de Montoro en el que se confirma que la vía se rompió 22 horas antes del accidente y la debilidad de los sistemas de Adif no hicieron saltar las alarmas.

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría pendientes de su recurso

Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz sigue la línea de otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, que no han tenido la misma suerte, ya que su legitimación procesal para asumir la acusación popular fue cuestionada por el Juzgado de Montoro y denegadas.

Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya ha hecho el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de "agotar todas las vías legales".