Primer condenado por los ERE entre rejas: Carmen Martínez Aguayo

Los socialista que gobernaron la Junta de Andalucía empiezan a pagar por la corrupción que implantaron en la administración y ya se ha producido el primer ingreso en prisión de uno de los condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Se trata de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo que, según fuentes de su defensa, ya se encuentra dentro de la cárcel  sevillana de Alcalá de Guadaira donde ha pasado la noche, para hacer frente a los seis años que tiene por delante de condena por un delito de malversación continuada y otro de prevaricación.

Martínez Aguayo fue la consejera de confianza del expresidente José Antonio Griñán y ejerció su cargo durante cinco años (2009-2013). La única mujer condenada no ha conseguido librarse del ingreso en prisión y cumple el plazo dado por la Audiencia de Sevilla tras desestimar su recurso de súplica, al igual que ha ocurrido con el del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que también están condenados a prisión y solicitaron la suspensión de sus penas.

Griñán y los condenados por los ERE conocían las ilegalidades y no actuaron

Querían esa suspensión esgrimiendo que se debía esperar a que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre los indultos parciales solicitados, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no ha emitido noticia alguna y poco a poco se irá viendo desfilar a los condenados por los ERE en ese duro paseo hasta el centro penitenciario que decidan.

En ese marco, en el auto objeto de estos recursos de súplica contra la denegación de las peticiones de suspensión de las penas de cárcel de los condenados, la Sección Primera de la Audiencia admitía "la carencia de antecedentes penales de los condenados", pero por otra parte señalaba "la gravedad y extensión de las penas, lo que impide la suspensión de la ejecución de la pena en todas las formas recogidas en el artículo 80 y siguientes del Código Penal, motivo por el que todos ellos han solicitado la suspensión de la ejecución mientras se tramita el indulto".

Sólo se libra Márquez y Barberá y pesa la duda de Griñán

La justicia lo tiene claro y "no concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena por petición de indulto". Sin embargo, el que sí se libra de la cárcel es el exdirector de Trabajo Juan Márquez, condenado a tres años, la sala argumentaba que "su situación es distinta, siendo la pena inferior en tres y cuatro años a la del resto, lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el TS, son circunstancias a tener en cuenta para que se proceda, por un tiempo prudencial de un año, a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramite el indulto".

Tampoco el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá entrará en la cárcel ya que en este caso el tribunal sí accedió a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena debido a que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, al estar pendiente de informe por el médico forense.

La maniobra 'in extremis' de Griñán para evitar entrar en prisión en Año Nuevo

Una situación similar a la que alega el expresidente andaluz, José Antonio Griñán que también argumenta razones de salud para suspender su entrada que se tiene que hacer firme como plazo máximo el 2 de enero. La defensa del expresidente alega una enfermedad grave sobrevenida, ante lo cual la Audiencia ha ordenado que un forense del Instituto de Medicina Legal (IML) examine la documentación y haga un reconocimiento a Griñán si fuera necesario, para que emita un informe "valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito".