Andalucía lucha contra los okupas, excluidos de las ayudas de la Junta

Con el objetivo de frenar la ocupación ilegal de inmuebles y los problemas de convivencia que ello genera, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido impedir que las personas que hayan sido condenadas por este motivo puedan acceder al programa de ayudas a la vivienda.

De este modo, hoy martes, el Consejo de Gobierno aprueba un cambio legal en el decreto que regula el Plan de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, más conocido como Plan Vive. En la modificación se excluye como beneficiarios de programas y subvenciones a aquellas personas que hayan sido condenadas por ocupaciones ilegales de viviendas en la vía penal, civil o administrativa durante los cinco años anteriores a la solicitud.

Aquellos que hayan incurrido en allanamiento de morada o en usurpación de vivienda, previstos respectivamente en los artículos 202 y 245 del Código Penal, o condenados en un procedimiento civil o administrativo por ocupación sin título de una vivienda de titularidad pública quedan fuera de los requisitos para acceder a este programa.

Andalucía es la segunda comunidad con más ocupación ilegal

Desde la Consejería de Fomento que impulsa esta iniciativa, señalan que la ocupación ilegal es un problema social que se ha venido incrementando en los últimos años en la comunidad y que es motivo de preocupación no solo para los propietarios de los inmuebles, sino también de la ciudadanía en general por los problemas de convivencia que conlleva.

Además han subrayado que, cuando el objeto del okupa es una vivienda de titularidad pública, el agravio es mayor porque se está limitando el derecho de acceso a un hogar a las personas inscritas en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y su adjudicación.

Impagos y okupación, los miedos de los propietarios con la nueva ley de vivienda

Desde la Junta han manifestado que se trata de un problema "especialmente preocupante" en Andalucía, ya que "en la actualidad es la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, en número de ocupaciones ilegales".

No sólo el Ejecutivo llama la atención sobre este asunto, sino que los datos estadísticos sobre criminalidad del Ministerio del Interior también apuntan en este sentido, ya que "las denuncias por los delitos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles han supuesto un incremento interanual del 5% en el primer semestre del año 2020".

También aumentan en procedimientos civiles, según datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), que recoge que "los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se han incrementado también en Andalucía casi un 28% en los nueve primeros meses de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, y un 164% en este último año respecto del año 2018".