Los tres expresidentes del PSOE-A, culpables de la corrupción institucionalizada

Tres años después de que se iniciara la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz para conocer las irregularidades cometidas a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y depurar responsabilidades políticas, pues las penales se resuelven en los tribunales, ha finalizado con la dura conclusión de que existía una "corrupción institucionalizada" en la Junta del PSOE.

Así se desprende del documento definitivo que ayer se sometió a votación de los grupos políticos con representación parlamentaria después de 58 comparecencias y el análisis de numerosa documentación. Ya hay dictamen porque se aprobó con los votos a favor del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que el PSOE-A y Unidas Podemos se posicionaron en contra, negando la imparcialidad de la comisión.

Aún intentando tapar los fraudes cometidos, el dictamen es demoledor y atribuye "responsabilidades políticas" a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán en relación a las "irregularidades" detectadas en la extinta fundación, y también a la expresidenta Susana Díaz, aunque "de distinta naturaleza", porque "el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración" con la misma.

La Faffe: el nido para satisfacer los vicios y enchufes del PSOE

El dictamen sometido a votación constata "irregularidades" en la Faffe que "no fueron hechos puntuales", sino "consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado", bajo los mandatos de los socialistas Chaves y Griñán, que en breve conocerán el resultado de sus condenas por el Tribunal Supremo.

El siguiente paso tras la aprobación de esta propuesta de dictamen será que los grupos parlamentarios dispondrán de 15 días naturales para registrar votos particulares, ya anunciados por PSOE y UP, que se debatirán en el Pleno del Parlamento. Un hecho que se puede producir a finales de este mes o principios de mayo, complicando aún más la carrera electoral del 'heredero' socialista Juan Espadas.

Desde los expresidentes a la ministra

Pero esta depuración de responsabilidades no se queda en los expresidentes y durante las sesiones han aparecido otros cargos del PSOE, unos fuera de la política y otros en activo. Así se apunta como "principal autor de las irregularidades" en la fundación al exdirector general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda. En segundo lugar, "a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos" y "algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe: José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque "ha quedado patente el caos organizativo" en el que ambos "sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos".

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en "todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos".

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye "una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe", a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, actual ministra, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, "porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración" con la misma.

Los pagos falsos y enchufes de la Faffe

El documento que llegará al pleno concluye que la Faffe "no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar" en ella "no fueron puntuales", sino que "fue una corrupción institucionalizada". Además, la propuesta de dictamen sostiene que, "dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado".

El juzgado investiga la contratación de la mujer de Espadas en la Faffe

 Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe "pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos", y "la opaca contabilidad de la tesorería" de la fundación "en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador".

"La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados", apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que "la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades".

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe "se gastó durante su existencia 10.726.755 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas", una "cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén".

El intento de tapar la corrupción

Durante todas las sesiones de la comisión los diputados socialistas han criticado que se investigue la fundación y a sus políticos, alegando que se desarrolla por motivos electoralistas. Tachan el dictamen de "falso y fraudulento" a pesar de las evidencias y anuncian que presentarán un voto particular.

También desde Unidas Podemos han tratado de tapar los fraudes cometidos y llegan a decir que el texto está "cuajado de opiniones" y "disparates" y toman la misma postura que el PSOE.