La "nueva normalidad" trae subidas salariales en el Ayuntamiento de Castellón

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón (PSOE, Podemos y Compromís) siempre logra el entendimiento cuando se trata de negociar subidas salariales. Un mes después de constituirse el Ejecutivo, en junio de 2019, ya se aprobó un incremento de sueldos de un 50% con respecto a la anterior legislatura para fijar en 78.554 euros (6.546,21 euros mensuales en 12 pagas)  la retribución de la alcaldesa Amparo Marco (PSOE) y en 62.843 euros (5.236,96 euros al mes) la de los concejales. Ahora, no obstante, ha llegado el turno del gerente del Patronato Municipal de Deportes, Tomás de Rosa Castañón, un organismo de carácter administrativo encargado de gestionar el deporte del municipio.

Esta propuesta realizada por el concejal de Deportes y presidente del PMD, Omar Braina (PSOE), supone que el administrador de la entidad pase a cobrar  68.000 euros anuales, una cifra superior a la que reciben los propios concejales del consistorio. Será la Mesa Negociadora la encargada de validar el incremento final de 5.000 euros tras un período de restricciones sanitarias que ha obligado a cerrar centros deportivos y cancelar multitud de eventos. Es decir, la modificación económica se produce después de paralizarse toda actividad deportiva sin que todavía haya logrado reactivarse a niveles anteriores a la pandemia.

Desde el Ayuntamiento sostienen que el objetivo de esta subida pasa por equiparar el sueldo de gerente a la categoría que tiene un director de área, y poder así “corregir” su retribución al del resto de labores directivas. Sin embargo, mientras el tripartito es capaz de lograr acuerdos en este sentido, parece que les resulta más complejo alcanzar consensos en aspectos esenciales para vertebrar la actividad consistorial. Uno de ellos es, precisamente, la aprobación de un nuevo presupuesto adaptado a los fondos y las necesidades actuales de la ciudad. 

A día de hoy, al igual que ha ocurrido en períodos anteriores, continúa prorrogado el presupuesto del año 2020 y se espera que no sea hasta septiembre cuando se pueda poner en marcha el correspondiente al de este año. La decisión final siempre ha dependido del portavoz de Podemos, Fernando Navarro, al supeditar su tramitación a una reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio con la intención de crear una unidad administrativa de transición ecológica. No en vano, esta cuestión ha enfrentado a todos los socios de gobierno y ha hecho peligrar el Acuerdo del Fadrell hasta su aprobación final con el voto en contra de los grupos de la oposición y de los sindicatos con representación en la Mesa Negociadora.

Al hilo de los salarios, la propuesta de reorganización de la RPT recoge la creación de cinco nuevos negociados y 8 jefaturas. De estas, dos son por amortización de dos puestos en Archivo y Cultura.  Además, incluye la amortización de 16 puestos de trabajo en el consistorio y la creación de otros 14 cargos con nuevos jefes, una dirección y un coordinador de área. Cabe recordar que la oposición también venía denunciando una ampliación en el número de asesores hasta rozar el máximo, con 21 profesionales a disposición de los mismos.