El delegado de Castilla y León también planta a Montero y muestra su rechazo a la oferta por principios

Este miércoles por la tarde se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se ponía sobre la mesa la polémica medida del Gobierno de Pedro Sánchez referida a la condonación de la deuda de 83.000 millones de euros a todas las Comunidades. Una propuesta que desde un principio rechazaron desde el Partido Popular, que entiende que a todas luces es una consecuencia del pago a los independentistas catalanes, concretamente al pacto de ERC con el Ejecutivo para condonar 17.000 millones de deuda a Cataluña.

María Jesús Montero quiere colar -al más puro estilo decreto ómnibus- como compensación la quita de la deuda en el resto de regiones. Dinero que reacaerá en el Estado y por lo tanto, afectará a los ciudadanos de una manera u otra. Todo ello para complacer a Cataluña. En la trampa no caen los populares, que han abandonado la sala en la que se iba a debatir esta propuesta que, por como está compuesto el Consejo, iba a salir adelante sí o sí.

Entre ellos se ha marchado Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta y delegado de Hacienda de Castilla y León. El representate de la Comunidad en esta cita ha rechazado con firmeza la condonación de deuda acordada entre el Gobierno y ERC, denunciando que supone un "pago de un precio político" para que Pedro Sánchez "siga un poco más en la Moncloa". Según sus cálculos, esta medida tendrá un impacto negativo en los ciudadanos de Castilla y León, que deberán asumir un coste de 1.800 euros y verán incrementada su deuda en 523 euros por persona.

Desde el inicio, Carriedo ha dejado clara la postura del Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco, recordando que Castilla y León ya había rechazado "por principios" la oferta del Gobierno para condonar 3.643 millones de euros de su deuda. En este sentido, ha criticado la "mal llamada condonación", enfatizando que "la deuda no desaparece ni la asume Sánchez, sino que la pagaremos todos los españoles". Tal y como ha explicado y como defienden los populares, los 83.000 millones de euros condonados a algunas comunidades se redistribuirán, perjudicando a Castilla y León y a otros territorios.

El consejero también ha subrayado la falta de transparencia y consenso en la negociación, que se llevó a cabo exclusivamente con ERC y al margen del resto de comunidades y partidos. "Nosotros siempre hemos pensado que lo que a todos nos afecta tiene que decidirse entre todos", ha afirmado, insistiendo en que las "formas" y la "dignidad" de Castilla y León son tan importantes como las cifras.