Castilla y León actualiza su paquete de medidas frente a la crisis: 28 iniciativas y 345,8 millones de impacto

La Junta de Castilla y León ha reforzado su respuesta ante el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio con la actualización del paquete de medidas que puso en marcha el pasado 1 de abril. El Gobierno autonómico ha explicado que las actuaciones ya desplegadas están generando efectos positivos entre empresas y familias, aunque la prolongación del escenario internacional ha aconsejado revisar al alza los recursos destinados a este plan, que alcanza un impacto estimado de 345,8 millones de euros.

El objetivo es dar respuesta al encarecimiento del petróleo y del gas, las dificultades de financiación, el aumento de los costes de producción por la inflación, las tensiones en el comercio internacional y la logística, así como a la incertidumbre que afecta a la actividad empresarial.

Más financiación para empresas, autónomos y el sector agrario

El principal bloque del plan concentra 113 millones de euros y está orientado a facilitar liquidez y financiación a empresas y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes. Entre las principales novedades figuran nuevas líneas de financiación para compensar el aumento de los costes de producción y energéticos, con préstamos de hasta 750.000 euros, bonificaciones en los tipos de interés y amplios periodos de amortización y carencia.

La Junta también ha reforzado el apoyo a las pymes exportadoras mediante financiación para circulante, inversiones en sistemas de autoconsumo energético y un fondo específico para impulsar la internacionalización mediante préstamos participativos o entrada en el capital de las empresas.

A ello se suma la ampliación de los periodos de carencia de préstamos ya concedidos para proyectos de reindustrialización, el incremento de los recursos del instrumento financiero vinculado al Plan Estratégico de la Política Agraria Común, que permitirá movilizar 40 millones de euros en préstamos avalados, y una mejora de las bonificaciones para los seguros agrarios de los jóvenes agricultores, que pasan del 10 al 25 %.

El segundo bloque moviliza 7 millones de euros para favorecer la empleabilidad. Las actuaciones se centran en programas de cualificación dirigidos a sectores con mayor demanda, como los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos o industriales. Además, la Junta ha reforzado las iniciativas para atraer y retener talento joven cualificado, impulsar programas de retorno e incentivar la contratación en actividades estratégicas y en los sectores más afectados por la crisis.

El Gobierno autonómico también ha incrementado el presupuesto destinado al transporte colectivo de viajeros, que pasa de 5 a 12 millones de euros. La actualización permitirá reforzar las rutas de Buscyl con mayor demanda y asumir el incremento de los costes derivados del encarecimiento de los carburantes, garantizando el mantenimiento del servicio.

Dentro del cuarto bloque, la Junta mantiene una dotación de un millón de euros para activar, cuando sea necesario, los bonos de urgencia social destinados a atender situaciones de especial necesidad entre las familias más vulnerables.

Uno de los apartados que más crece es el destinado a la reducción de la fiscalidad autonómica, cuya aportación pasa de 117,4 a 164,5 millones de euros. La actualización incorpora el efecto de las rebajas fiscales aprobadas sobre el impuesto especial de la electricidad, el IVA aplicado a la energía y el impuesto sobre hidrocarburos.

La Junta ha explicado que el impacto tributario total de estas medidas alcanzará los 263 millones de euros hasta el 30 de septiembre. De esa cantidad, 164,5 millones serán asumidos mediante una reducción de ingresos de la Comunidad, lo que representa el 62,5 % del esfuerzo fiscal, mientras que el Estado asumirá los 98,5 millones restantes.

El plan reserva 33,3 millones de euros para impulsar la eficiencia energética. Las medidas incluyen nuevas ayudas para que pymes, grandes empresas industriales y edificios del sector terciario reduzcan su consumo energético, además de la implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios públicos.

El paquete también apuesta por potenciar la biomasa como recurso energético mediante el apoyo a su producción, la promoción de la construcción sostenible con madera, el impulso a nuevas redes de calor y la bonificación íntegra del coste de las subestaciones necesarias para conectar edificios privados a estas instalaciones.

El último bloque incrementa su presupuesto de 10 a 15 millones de euros con el objetivo de asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.

La Junta ha señalado que destinará recursos adicionales para compensar el incremento de los costes en contratos públicos de obras, suministros y servicios, facilitará a las consejerías la financiación necesaria para asumir el encarecimiento de bienes y servicios esenciales y solicitará la reprogramación y ampliación de los plazos de ejecución de los fondos europeos para adaptarlos a las circunstancias económicas actuales.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que este paquete de medidas mantiene un carácter abierto y flexible, de manera que podrá seguir actualizándose en función de la evolución del contexto económico y de las necesidades que puedan surgir en los próximos meses.