La Agencia Tributaria encarga a una empresa privada la retirada y eliminación de documentos sensibles en Castilla y León
El organismo dependiente del Ministerio de Arcadi España adjudica la destrucción de documentación confidencial a una compañía madrileña tras un concurso al que únicamente se presentaron dos empresas, sin detallar qué expedientes serán eliminados.
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La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España, ha adjudicado a una empresa privada la retirada y destrucción de documentación confidencial de sus dependencias en Castilla y León. La decisión pone en manos de una compañía externa el servicio de eliminación de documentos de carácter reservado gestionados por el organismo público.
El contrato ha recaído en Destrucción Confidencial de Documentación, S.A., una sociedad con domicilio en San Martín de la Vega (Madrid), que se encargará de recoger y destruir el papel y los archivos incluidos en el servicio contratado.
Lo que no aclara el anuncio oficial es qué expedientes concretos serán eliminados, qué información contienen, cuál es su antigüedad o qué volumen de documentación será objeto de destrucción. Tampoco identifica las dependencias específicas de Castilla y León donde se realizarán los trabajos.
La contratación afecta a un organismo que maneja información fiscal, patrimonial y económica de los contribuyentes, sometida a obligaciones legales de confidencialidad, conservación y protección de datos.
El expediente ha sido tramitado por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, con sede en Valladolid, mediante un procedimiento abierto simplificado.
Según los datos oficiales, únicamente dos empresas presentaron ofertas, ambas consideradas pequeñas y medianas empresas. La adjudicataria se impuso con una propuesta económica de 3.916 euros, sin IVA, frente a los 3.942,88 euros de la otra participante.
El precio constituyó el único criterio de adjudicación, con una ponderación del 100%, por lo que la clasificación de las propuestas se determinó exclusivamente por su importe económico, una vez cumplidos los requisitos exigidos para participar.
La adjudicación se produjo el pasado 30 de septiembre, mientras que el anuncio de formalización fue remitido para su publicación el 23 de octubre y aparece oficialmente este miércoles 28.
El presupuesto inicial del procedimiento ascendía a 4.150,41 euros sin impuestos, una cantidad superior a la oferta finalmente seleccionada.
La externalización de este servicio implica que una empresa especializada asumirá la retirada y eliminación física de documentación procedente de instalaciones de la Administración tributaria.
Sin embargo, el anuncio publicado no incorpora una relación individualizada de los documentos que deberán destruirse ni permite conocer si corresponden a archivos administrativos antiguos, documentación tributaria o cualquier otro tipo de material confidencial.
Tampoco detalla en su texto los mecanismos específicos de supervisión, trazabilidad y certificación de la destrucción, cuestiones que deben examinarse en los pliegos técnicos del contrato.
El anuncio tampoco acredita que se estén eliminando expedientes sometidos a investigaciones, documentos que deban conservarse o información cuya destrucción esté legalmente prohibida.
La publicación oficial sí confirma que la Agencia Tributaria ha formalizado la contratación de una empresa privada para ocuparse de este servicio en Castilla y León, con dos únicas ofertas recibidas y una adjudicación decidida íntegramente por el precio.