El PPCV carga contra las "leyes sin sentido" del Botànic que impidieron "salvar vidas" en la dana

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha cargado contra el Consell del Botànic, formado por PSPV y Compromís, con el expresident socialista Ximo Puig al frente, y sus leyes "sin sentido" ―como la Ley de la Huerta― que bloquearon obras clave en los barrancos de la provincia de Valencia que podrían haber salvado vidas el pasado 29 de octubre, tras la trágica dana, tal y como destapó el alcalde de Aldaia (PSPV), Guillermo Luján, el viernes en una entrevista concedida para el programa NTC Matí de À Punt. 

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha remarcado que el gobierno de la Generalitat ya ha aprobado un Decreto Ley que recoge medidas urbanísticas urgentes "para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos por la dana" cuyo objetivo es garantizar el equilibrio entre la restricción al desarrollo de suelos con riesgo de inundabilidad, y la necesidad de facilitarlo para conseguir el crecimiento económico de los municipios.

El diputado popular ha señalado al respecto que la Ley de la Huerta del Botànic, puesta en marcha por la entonces consellera María José Salvador, supuso "un freno" que ha puesto "en riesgo actuaciones en barrancos, como confirma la misma Confederación Hidrográfica del Júcar". Por contra, ha destacado que la reforma impulsada por el Consell "busca devolver esas prerrogativas a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, como organismo competente en materia de ordenación del territorio, y eliminar cualquier escollo que pueda ser una excusa para que el Gobierno no actúe en barrancos como el del Poyo o la Saleta".

"La legislación de la Comunitat Valenciana no puede ser un freno y, por ello, el organismo se reconvertirá para tener un papel eminentemente agrícola", ha asegurado el portavoz de Infraestructuras, quien ha insistido en que "las actuaciones en barrancos son inaplazables y ahora el Ministerio de Transición Ecológica no tiene excusas para más retrasos".

Sin embargo, "las actuaciones urbanísticas que impulsa y tramita la Generalitat no pueden aprobarse sin que, con carácter previo, el Estado haya emitido el correspondiente informe sobre inundabilidad y, por supuesto, también, se haya efectuado la indispensable evaluación ambiental". El Decreto Ley "suspende la iniciación de cualquier procedimiento urbanístico hasta que el Estado no apruebe una relación de obras hidráulicas que eviten desbordamientos de cauces públicos", ha apuntado el portavoz del GPP.

En ese sentido, ha afirmado que el propio alcalde de Aldaia "ha pedido explicaciones al desaparecido presidente de la CHJ sobre qué pasó ese trágico día, porque no hay ningún informe técnico y la gente necesita saber qué falló y por qué las obras que podían haber disminuido los efectos de la riada no se hicieron en su debido momento".

González de Zárate ha lamentado que "el Botànic recurrió la normativa aprobada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para limitar las edificaciones en zonas inundables" y tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez "solo nos hemos encontrado piedras en el camino para la mejora de infraestructuras en los barrancos del Poyo y la Saleta".

"Mejor haría la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en trabajar para que se lleven a cabo esas obras que son la única manera de aportar seguridad en el futuro a personas y bienes afectados por la riada, como el encauzamiento del barranco del Poyo, que ya figuraba en 2015 como obra de prioridad alta y que el Ministerio retrasó para priorizar la protección de la huerta".