La jueza de la dana tumba un nuevo recurso de Salomé Pradas y avala la transcripción de su declaración

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja (Valencia) ha rechazado el recurso de revisión presentado por la defensa de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien está siendo investigada por su gestión en el marco de la dana de 2024. El recurso cuestionaba la validez de la transcripción escrita de su declaración judicial, realizada el pasado 11 de abril, al considerarla "incompleta, incorrecta y parcial".

Según el auto emitido este viernes y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, considera que la diligencia recurrida se ajusta plenamente a derecho y que la defensa no concretó en ningún momento los pasajes exactos que consideraba incorrectos, como se le requirió el 25 de abril.

La defensa de Pradas solicitaba que se dejara sin efecto la transcripción entregada a las partes y que se elaborara una nueva versión “literal” de su intervención ante la magistrada. Alegaban que el documento judicial era apenas un "esbozo" de lo declarado y no una transcripción verdadera.

La jueza recuerda que la transcripción se ordenó como parte del protocolo para preservar el secreto de sumario y evitar la difusión externa de las grabaciones de los investigados. Según el auto, “la grabación original de las declaraciones prevalecerá ante cualquier discrepancia”, y las partes tienen derecho a escucharla en sede judicial si lo consideran necesario.

Ruiz Tobarra subraya que la transcripción tiene un valor complementario, y que en caso de querer impugnar su contenido, es imprescindible señalar qué frases o partes concretas no reflejan fielmente la declaración, cosa que, según el juzgado, la defensa de Pradas no hizo en ninguno de sus recursos (ni en reposición ni en revisión).

El tribunal también aclara que se han hecho múltiples transcripciones en este procedimiento y que ninguna parte ha solicitado correcciones previas, lo cual refuerza la validez del procedimiento seguido.

Con esta decisión, se mantiene la versión oficial de la declaración de Pradas y se desactiva, al menos por ahora, una de las principales estrategias de su defensa dentro de esta investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de ayudas y decisiones durante la DANA.