La Región de Murcia impulsa un plan urgente para construir 57.000 viviendas y garantizar el acceso a la vivienda asequible

En el marco de la Jornada "El desafío de la vivienda: acceso, alquiler, precios y derechos", organizada por ESdiario en Madrid, José Francisco Lajara, secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, ha presentado un ambicioso plan para abordar la crisis de vivienda en la región. Lajara destacó la necesidad de construir 57.000 viviendas en los próximos cuatro años para responder a la demanda de nuevos hogares, según datos del Banco de España, el INE y portales inmobiliarios, que estiman una necesidad anual de 14.200 viviendas frente a las 2.700 construidas de media en los últimos años.

El representante murciano subrayó que el peso de la vivienda turística en la Región de Murcia (0,8%, por debajo de la media nacional del 1,2%) no es un problema significativo, pero sí lo es el descenso del 17% en la oferta de alquiler desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una cifra menos grave que en otras regiones como Cataluña (60%).

Para revertir esta situación, el Gobierno de Fernando López Miras ha diseñado un decreto de medidas urgentes basado en tres pilares: la recuperación de la vivienda protegida asequible, la agilización de trámites para su construcción y la simplificación urbanística para facilitar la disponibilidad de suelo.

El modelo de vivienda protegida asequible busca adaptar la figura tradicional de vivienda protegida, que ha perdido relevancia, a las necesidades actuales. Se enfoca en limitar precios y dirigirlas a rentas medias, eliminando trabas burocráticas heredadas de normativas obsoletas. Entre las medidas, se incluyen la declaración de urgencia en trámites, incentivos como primas de edificabilidad, la transformación de locales comerciales en viviendas protegidas y la compatibilidad de usos en suelos no reservados para fines sanitarios o educativos. Además, se promueven modelos innovadores como el cohousing y el coliving para responder a las nuevas demandas habitacionales.

Lajara también anunció la creación de un inventario de suelos públicos, gestionado por la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, que se pondrá a disposición del sector privado mediante permutas, cesiones temporales o subastas vinculadas a la rebaja de precios de las viviendas. 

Este enfoque, basado en la colaboración con promotores y ONG, busca garantizar una oferta suficiente y asequible, especialmente para jóvenes y familias de rentas medias y bajas.

El secretario general destacó la importancia de la seguridad jurídica para incentivar el alquiler, ya que muchos pequeños propietarios retiran sus viviendas del mercado por temor a no recuperarlas. En este sentido, criticó las políticas nacionales de confrontación y abogó por un modelo de consenso que facilite el acceso a la vivienda sin coacciones a las comunidades autónomas. Como ejemplo de éxito, citó el programa de avales para jóvenes, que ha permitido a 1.400 personas constituir un hogar en la región.

Lajara concluyó con un mensaje optimista, instando al Gobierno de España a escuchar estas propuestas y trabajar conjuntamente para solucionar la falta de vivienda, un problema que afecta a jóvenes, mayores y familias en todo el país.

“No es tarde para adoptar medidas que garanticen el derecho a un hogar”, afirmó.