Bruselas advierte a España después del apagón
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Un informe que señala el problema eléctrico en España
La Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre la economía española. Entre decenas de páginas dedicadas a productividad, empleo, innovación o competitividad, aparece una reflexión que merece especial atención. Bruselas considera que España debe acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento, control de tensión, digitalización e interconexiones para garantizar la seguridad de suministro y sostener la electrificación de la economía.
La observación podría parecer una recomendación técnica más. No lo es. Bruselas descubre después del apagón, entre líneas, que España no gastó sus fondos en lo que realmente necesitaba nuestro suministro eléctrico: el principal desafío energético español ya no consiste en instalar más renovables, sino en construir las infraestructuras necesarias para que esas renovables puedan integrarse de forma segura y eficiente en el sistema eléctrico.
Fondos europeos dilapidados
Lo más sangrante es que España ya disponía del dinero necesario para avanzar en esa dirección. Y no poco. La Comisión recuerda que nuestro país cuenta con más de 102.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, de los cuales aproximadamente 71.000 millones ya habían sido desembolsados por Bruselas en marzo de 2026.
Nunca antes habíamos gestionado semejante volumen de recursos europeos. Nunca antes habíamos tenido una oportunidad comparable para modernizar nuestro sistema energético. Nunca antes el nuevo paradigma energético había girado en torno a recursos de los que España dispone en abundancia y de manera inagotable.
Sin embargo, cuando se analiza dónde y cómo se ejecutaron realmente esos fondos enfocados en la recuperación, la transformación y la resiliencia de nuestro tejido productivo, aparece la irresponsabilidad de una pésima política energética.
Lo que el gobierno no quiso o no supo gastar en política energética
Las prioridades que hoy Bruselas identifica como críticas para evitar nuevos problemas en el sistema eléctrico son precisamente aquellas que registraron los menores niveles de ejecución en España durante los años previos al apagón.
Mientras el gobierno insistía en dirigir las ayudas hacia su relato de “éxito” centrado sólo en acumular recórds de instalación de megavatios fotovoltaicos, autoconsumo, vehículo eléctrico o proyectos asociados al hidrógeno, las actuaciones vinculadas directamente a la resiliencia y capacidad de la red estaban estancadas.
Los datos son elocuentes.
El programa específico 42HA-C08.I01 Despliegue del almacenamiento energético dispuso en 2023 y en 2024 de crédito presupuestario por pírrico valor de 93 millones de euros cada año, pero su ejecución fue aún mas pobre con cero euros de pagos realizados e incluso cero euros de obligaciones reconocidas en 2024, el año previo al apagón.
El programa 42HB-C08.I02 Digitalización de las redes de distribución disponía de una dotación anual de 150 millones de euros, pero quedó sin asignación presupuestaria precisamente en 2024. El PERTE de digitalización de redes incorporó 500 millones de euros en 2023 y otros 165 millones en 2024, con niveles de ejecución prácticamente inexistentes durante esos ejercicios.
El Programa 42ÑD-C31.I04 Infraestructuras eléctricas -MRR dispuso en 2024 de 368 millones de euros, del que no se utilizó ni un solo euro.
La Adenda REPowerEU añadió además 400 millones de euros en 2023 y otros 600 millones en 2024 para programas vinculados a renovables y almacenamiento, sin que ello se tradujera en un despliegue efectivo acorde con los recursos disponibles.
El desequilibrio alimentado con populismo
En otras palabras, España tenía dinero para almacenamiento. Tenía dinero para digitalización de redes. Tenía dinero para reforzar infraestructuras eléctricas. Pero esas actuaciones avanzaban a un ritmo muy inferior al necesario atendiendo al ritmo del despliegue fotovoltaico.
Porque eso es lo que señala realmente la Comisión Europea en su Informe; que la expansión renovable está avanzando más rápido que las redes y el almacenamiento necesarios para integrarla.
Es una afirmación políticamente muy relevante porque desmonta una de las simplificaciones gubernamentales más repetidas durante los últimos años: la idea de que la transición energética consistía únicamente en instalar más generación renovable y que quien advertía de los riesgos de no acompañarla con una mayor resiliencia de las redes era un malvado negacionista climático.
El populismo, cuando se aplica desde el gobierno, se acaba pagando. Porque un sistema eléctrico no funciona sólo gracias a los paneles solares. Funciona mediante un complejo equilibrio en tiempo real de generación, transporte, distribución, almacenamiento, control de tensión, estabilidad dinámica y capacidad de respuesta ante incidencias.
La factura que queda pendiente
Olvidarse de preservar el equilibrio entre esas piezas del engranaje tiene consecuencias económicas de extraordinario gravedad, como se puso de manifiesto con el gran apagón y como todavía seguimos sufriendo con los sobrecostes de la operación reforzada.
Durante los últimos años España ha incorporado decenas de gigavatios de nueva capacidad renovable. Sin embargo, cuanto mayor era el éxito de la política de instalación de renovables, más evidente se hacía el fracaso de la política orientada a reforzar las infraestructuras que debían soportarlas.
La Planificación de la Red de Transporte 2021-2026 contemplaba inversiones superiores a 7.000 millones de euros. Sin embargo, desde 2024 ha sido necesario introducir sucesivas modificaciones que suman cerca de 2.000 millones adicionales, casi un tercio de toda la planificación sexenal inicial.
Resulta difícil encontrar una prueba más evidente de que las necesidades reales del sistema estaban creciendo más rápido que las previsiones del gobierno. Y resulta aún más llamativo que sólo el 25% de esas correcciones llegara en los cuatro años anteriores al gran apagón y el 75% restante en el año y medio transcurrido desde el colapso sistémico.
Quizá por eso la principal conclusión del informe europeo trasciende el ámbito energético. No estamos ante un problema de falta de recursos. Tampoco ante un problema tecnológico. Estamos ante un problema de prioridades políticas. Y de eficiencia gubernamental en la gestión de los recursos disponibles.
Estamos a tiempo de rectificar
Durante años el relato energético del gobierno de Sánchez ha sido unívoco; el éxito era instalar más renovables. Hoy Bruselas empieza a decir algo diferente.
La continuidad de las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento y agilización de infraestructuras resulta fundamental para garantizar la seguridad de suministro, apoyar la electrificación de la industria y reforzar la competitividad económica. Es decir, exactamente aquello para lo que España ya tenía financiación antes del apagón pero no supo o no quiso utilizar.
La buena noticia es que la solución sigue estando al alcance. España necesita acelerar de forma urgente las inversiones en redes de transporte y distribución; desplegar almacenamiento a gran escala allí donde el sistema lo necesita; culminar las interconexiones pendientes con Francia y Portugal; incorporar mecanismos de control de tensión, compensación reactiva e inercia síncrona compatibles con un sistema dominado por renovables; digitalizar las redes para gestionar una demanda cada vez más compleja; anticipar las inversiones allí donde se prevean nuevos desarrollos industriales, centros de datos o proyectos de electrificación; y garantizar que el acceso a las infraestructuras eléctricas responda a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios
Y es tiempo también de rendir cuentas
También resulta imprescindible rendir cuentas sobre la ejecución real de los fondos europeos destinados a estas actuaciones. Después de movilizar más de 102.000 millones de euros del Plan de Recuperación, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto dinero ha llegado efectivamente a las infraestructuras que hoy Bruselas considera críticas para la seguridad energética y la competitividad industrial. Y cuanto ha dejado de llegar y tendrán que pagarlo los consumidores eléctricos para sufragar esas inversiones.
Porque el verdadero desafío de la transición energética y nuestra competitividad ya no consiste en instalar más paneles solares. Consiste en construir el sistema eléctrico capaz de aprovecharlos para ofrecernos un suministro asequible, seguro y sostenible.
Y esa es una lección que Bruselas parece haber aprendido después del apagón. La pregunta es si nosotros, Sra Vicepresidenta y Ministra Aagesen, también lo hemos hecho.
