Simplificaciones, inflación y trenes: las grietas presupuestarias tras la tragedia ferroviaria

El accidente va a dejar marcas. Después de una década en la que la inversión (deflactada) por viajero ha pasado a ser claramente insuficiente, tiene toda la pinta de que hemos llegado a romper la espalda del camello, o desbordar el vaso. El coste de jugar al trilerismo con los fondos públicos al final se ve, cuando pasamos el centenar de muertos y víctimas con secuelas graves. Por mucho que se señale a un error humano.

Estos días irán saliendo informaciones sobre lo que ha pasado en esa sala de control. Sobre las disputas laborales que hicieron que, en 2024, salieran los veteranos. Sobre los cambios de política que hacen que una persona que entró en ADIF en 2024 pueda ocupar un puesto que requería diez años de experiencia. Sobre la mala gestión de la empresa en todos los aspectos relacionados con el conocimiento técnico, no sólo derivadas de las restricciones presupuestarias. Está todo documentado. Los sindicatos tienen las actas de las reuniones, los informes enviados, las quejas presentadas. Las empresas que hoy sirven en ese corredor han hablado muy claro. El maquinista del AVE que se mató en el accidente había dejado muchas propuestas escritas.

El problema no es sólo tratar a una empresa de contenido técnico como algo a "enrojecer" y a controlar, o permitir que se manipule su contratación de obras (o de putas). El problema es no tomársela en serio. Licitaciones (de cambio de un sistema de seguridad con fallos más que frecuentes) que se incumplen y se repiten mientras la vía se sobrecarga. Obras con problemas tan surrealistas como las dimensiones de un túnel.

Hace muchos años tuve la ocasión de trabajar para Exteriores, bajo ministros de ambos colores. Me llevé la sensación de que los del PP sabían lo que hacían, aunque se preocuparan menos por la gente, mientras que los del PSOE se preocupaban pero tenían tal nivel de incompetencia que la broma era ver cuál era "el desastre del día". Y hablo de la broma en el propio gabinete.

Las empresas públicas, como las instituciones, no son fenómenos naturales. El sol sale por la mañana, pero los trenes llegan a tiempo y las pensiones se pagan porque hay quien trabaja para ello, porque se dedica tiempo a pensar en ello con conocimiento de causa, porque se presupuesta y ejecuta lo necesario. Son sistemas complejos. Puestos en manos de personas que no los entienden, que asumen que por debajo de ellos hay siempre quien se ocupe, que la dirección está para otras cosas, o que las cuentas lo aguantan todo, pasa lo que está pasando. En gobiernos regionales como el navarro se sigue presumiendo de "capacidad de atracción" sin atraer empresas. En el gobierno nacional siguen hablando de "crecimiento" cuando lo que tienen es inflamación del cuerpo laboral.

Cuando la dirección de una empresa, de un partido o de un país asume que aquello aguanta cualquier cosa que se les ocurra, pasa lo que ha pasado, y no sólo en España. Uno se pregunta de qué sirve que el presidente del gobierno sea un (presunto) doctor en economía, si no entiende que no presentar presupuestos durante cuatro años, y jugar con el dinero de todos para satisfacer a unos cuantos, acaba haciendo saltar las cuentas por mucho que las esconda. Ahora tenemos que escuchar a populistas denunciar, con datos, que se ha ido más dinero a financiar causas extrañas y amistades extranjeras que a las reparaciones (o formaciones o herramientas) que podrían haber salvado vidas, de nuevo, en Urda. O que podrían salvarlas mañana. Porque el tráfico se reanudará y las medidas de seguridad seguirán siendo obsoletas y la gente seguirá sin tener la cualificación esperable.

Gobernar en piloto automático hasta que un choque obliga a reaccionar te lleva a tener las subidas de sueldo de los funcionarios indexadas a la inflación, y las pensiones (todas) también. Eso tiene sentido si las pensiones se pagan con ingresos que también responde a la inflación, algo que no sucede. Porque la mayor fuente de ese dinero es el IRPF que pagamos los millones de españoles que no trabajamos para el sector público ni cobramos pensión. Y la mayoría de esos millones lleva años experimentando un crecimiento salarial mínimo, muy por debajo del 5%.

Si el Estado hubiera organizado sus pensiones con cuentas nocionales (o incluso reales) relacionadas con la rentabilidad de los recursos aportadas, esas subidas arbitrarias serían impensables. No porque no sea bonito no perder poder adquisitivo. No porque no sea "justo" que los abuelos no lo pierdan. Sino porque quedaría claro que esa subida no sale de esas cuentas sino del bolsillo de otros.

Hay ocasiones y casos en los que los "otros" pueden elegir hacerlo, porque les parece justo. Pero no son todos. El problema es que no se les explican los casos ni se permite elegir. Subir el 5% la pensión de alguien en el tramo máximo a costa de una familia trabajadora que no ha tenido aumento de sueldos, pero sí inflación en todo lo que come y consume, puede quedar muy bonito en el titular. Pero no es sostenible.

Y lo que no es sostenible acaba descarrilando.