El talento no tiene cremallera: el mérito frente a las cuotas

Cuando uno se sube a un tren, espera llegar a su destino. Confía en que la infraestructura esté en condiciones, en que los sistemas de seguridad funcionen y en que las decisiones estén en manos de personas preparadas. Esa confianza obliga a la política a explicar cómo elige a quienes deciden sobre nuestros recursos y nuestros servicios.

Elegir bien importa porque sus decisiones afectan a nuestro bienestar, a nuestro dinero y, en ocasiones, a nuestra seguridad. Hay errores cuyo coste ningún presupuesto puede reparar. La preparación debería ocupar un lugar central tanto en la selección de nuestros representantes como en la evaluación de su trabajo.

La composición de un equipo y su competencia son cuestiones distintas. Debemos exigir igualdad de oportunidades para acceder a las responsabilidades públicas y capacidad acreditada para ejercerlas. Cumplir una regla de representación no garantiza una buena gestión, del mismo modo que tampoco impide alcanzarla.

Desde esa distinción debe abordarse el debate sobre las listas cremallera. La ley de paridad de 2024 incorporó a la legislación electoral estatal la alternancia obligatoria de mujeres y hombres en las candidaturas, con las excepciones previstas en la norma. Su finalidad es garantizar una representación equilibrada. La calidad del equipo requiere, además, otros criterios.

Mi objeción surge cuando esa distribución por sexos impone una condición rígida que limita la valoración de las personas: cuando sabemos qué sexo debe ocupar un puesto antes de preguntarnos quién puede desempeñarlo mejor.

Como mujer con una trayectoria en la universidad y en las instituciones, quiero que todas las mujeres tengan oportunidades reales de llegar donde su trabajo y su capacidad les permitan. Las barreras existen. Combatirlas exige procedimientos transparentes, facilitar la conciliación, evitar que la maternidad penalice las carreras profesionales y abrir responsabilidades a quienes han quedado fuera por prejuicios.

Son cambios que deben notarse también en la vida de las mujeres que nunca ocuparán un escaño ni un consejo de administración. La igualdad debe ampliar sus posibilidades de formarse, progresar y decidir sobre su futuro.

Las listas cremallera responden a un problema concreto: incluir mujeres en una candidatura y relegarlas a puestos sin posibilidades de resultar elegidas. Ese argumento merece consideración. Sin embargo, la solución introduce una rigidez que también puede limitar a las propias mujeres.

Si las dos personas más adecuadas para ocupar los primeros puestos son mujeres, ¿por qué debe situarse un hombre entre ellas? ¿Qué gana la igualdad cuando una candidata debe ceder una posición para respetar la alternancia? La secuencia asegura un orden; la idoneidad requiere una valoración mucho más exigente.

Sería injusto cuestionar la valía de una mujer por formar parte de una lista paritaria. Tan injusto como presumir la de un hombre por haber llegado sin una cuota. La exigencia debe ser la misma para todos, incluida la obligación de demostrar resultados.

Defender el mérito obliga a concretarlo. En política, la formación académica es relevante, pero insuficiente. También cuentan la experiencia, el conocimiento de los problemas, la capacidad de escuchar y la honestidad para reconocer un error. Una selección rigurosa debe valorar esas cualidades y buscar talento entre personas con trayectorias diferentes.

Para cada responsabilidad deberían existir criterios públicos de idoneidad, objetivos verificables y una evaluación de resultados. Defender a los mejores exige explicar cómo se les reconoce y cómo se les exige cuentas. Invocarlos sin establecer esos criterios convierte el mérito en una declaración imposible de contrastar.

Elegir bien tiene una dimensión económica. Quienes gobiernan deciden qué se financia, qué se mantiene y qué se aplaza. Una inversión mal planificada puede obligar a pagar dos veces; un proyecto paralizado puede frustrar oportunidades de empleo; un servicio mal gestionado puede trasladar a las familias costes que no deberían soportar. La competencia de los responsables públicos también protege el esfuerzo de los contribuyentes.

El mantenimiento de una infraestructura rara vez protagoniza una inauguración, pero resulta imprescindible para conservar el valor de lo construido y prestar un servicio fiable. Gestionar exige prever necesidades, ejecutar inversiones y comprobar resultados. Un presupuesto aprobado es un compromiso; su utilidad se demuestra cuando mejora la vida de los ciudadanos.

La preparación no elimina todos los riesgos ni garantiza decisiones infalibles. Sí permite exigir responsables capaces de identificar problemas, escuchar las advertencias técnicas y actuar a tiempo. Cuando están en juego la salud o la seguridad, esa responsabilidad excede cualquier balance económico.

En un ayuntamiento, una obra necesita planificación, seguimiento y control del gasto. Una ayuda requiere unas bases claras y una tramitación diligente. En la universidad, enseñar exige preparación y compromiso con los estudiantes. El sexo de quien firma no resuelve un expediente ni justifica una mala decisión.

Quiero trabajar con mujeres y hombres capaces, honestos y comprometidos. Quiero que ninguna mujer quede fuera por ser mujer y que ninguna elección se considere acertada simplemente porque encaja en un porcentaje. Cuantas más personas puedan desarrollar su talento y competir en condiciones justas, mejores equipos podremos formar.

Una lista perfectamente alternada puede seguir siendo una mala lista. Cumplir una regla de composición es una obligación legal; acertar con quienes van a representarnos es una responsabilidad política cuyas consecuencias duran mucho más que una campaña.

El talento no tiene cremallera. Elegir con rigor y exigir resultados es una obligación con quienes pagan los impuestos y confían en sus instituciones.