La izquierda sensata empieza a alzar la voz contra Sánchez

La cuadratura del círculo no es posible, como no lo es buscar un “encaje legal” a la ley de amnistía que le exige el prófugo Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para empezar a negociar su investidura. Tanto el PP como Vox lo están advirtiendo y denunciando sin tregua, pero el Gobierno, por boca del ministro Felix Bolaños, lo despacha con una frase comodín que vale para casi cualquier situación: “la derecha está intentando atemorizar a los españoles diciendo que viene el apocalipsis”.

El discurso se cae por su propio peso cuando se alzan voces de socialistas que han pasado por el Gobierno o por puestos de responsabilidad en el partido no hace tanto y que denuncian también que la amnistía atenta contra la Constitución.

Se alzan voces de socialistas que han pasado por el Gobierno o por puestos de responsabilidad en el partido no hace tanto y que denuncian también que la amnistía atenta contra la Constitución

El ex presidente del Gobierno Felipe González así lo denunció de manera rotunda en una reciente entrevista: “En la Constitución no caben ni la amnistía ni la autodeterminación”.  Después se le han unido en esa denuncia pública ex altos cargos del PSOE y ex ministros socialistas, e incluso un presidente autonómico como Emiliano García-Page. En esa nómina encontramos a los críticos habituales con el sanchismo, como Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, y algunos que no se prodigan tanto en las quejas, como los exministros Jordi Sevilla y Ramón Jauregui.

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 Media docena de relevantes socialistas han dado un paso adelante porque entienden que el Gobierno de España no puede estar en manos de un prófugo separatista. Así de sencillo. Es evidente que su lamento no evita que Sánchez consume su plan, pero al menos sí puede despertar algunas conciencias dormidas y, sobre todo, combaten la propaganda de Moncloa que ya ha empezado a disparar.

Hay una estrategia en marcha que pretende convencernos de que la amnistía es perfectamente constitucional, con argumentos tan disparados como el esgrimido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Luis Martin Pallín: “el Parlamento es soberano y si 176 diputados (mayoría absoluta) aprueban una ley de amnistía no hay ningún problema de constitucionalidad”.

Ni un mal estudiante de primero de Derecho se atrevería a decir semejante barbaridad. Lo que sea con tal de tratar de convencernos a todos de que lo que haga Sánchez bien hecho está. Por eso son necesarias y bienvenidas las voces críticas que llegan desde el socialismo, para combatir la propaganda.