Arrimadas se encara con el consejero catalán de educación: "Como un matón"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado este miércoles al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, de "estar actuando como un matón" con la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas, tras presentar una denuncia contra él y otros responsables del departamento ante Fiscalía.

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Lo ha dicho Arrimadas en declaraciones a los periodistas este miércoles frente a Fiscalía, acompañada por el líder del partido naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa, y la presidenta del grupo municipal de Cs en Barcelona, Luz Guilarte, en las que ha asegurado que el decreto es "clarísimamente un intento de desobediencia".

"No vamos a dejar ni una infamia sin combatir y no vamos a dejar ni una herramienta democrática sin utilizar para defender los derechos de los catalanes que en el fondo es autodefendernos del Govern de la Generalitat", ha añadido.

En la denuncia,  han recordado que tanto Cambray como el resto de autoridades de Educación "no pueden imponer su ideología al margen o en violación de aquello a lo que vienen normativamente obligados", por lo que insisten en que no tienen más alternativa que cumplir con la legalidad y respetar los derechos de los ciudadanos.

Arrimadas también ha criticado a Cambray por actuar "como un matón cobrando un sueldo de consejero" y ha reprochado al Gobierno que Ciudadanos tenga que hacer lo que, a su juicio, debería hacer el Ejecutivo central y no mirar hacia otro lado, en sus palabras.

Ha celebrado que Vox haya optado al final por llevar el decreto ley del Govern sobre el catalán en las aulas al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) junto a Cs y PP, después de que en un principio el martes descartaran esta opción, un decreto que tilda de "fake' y que va en contra de la cohesión social y de cumplir la ley".

Por su parte, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha afeado al gobierno de Pere Aragonés querer con este decreto "seguir perpetuando las prácticas mafiosas de coacción y amenaza a los padres de los niños" por solicitar el 25% de castellano en las aulas, y ha reprochado al Gobierno que esté permitiendo la desobediencia a la sentencia por parte de la Generalitat, según él.