La nueva contraprestación de Sánchez con los interinos enciende las alarmas

El Gobierno sigue con sus negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y con ello haciendo cesiones a sus socios de investidura con las que, además, podrá obtener rédito electoral de cara a los próximos comicios. Por ello, ha optado por pactar con ERC y PNV que los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos. Sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas.

Una de las voces críticas ha sido la del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), que ha avisado al Gobierno de tenga "cuidado" a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a funcionarios interinos, para garantizar la legalidad de la medida y evitar que derive en "sentencias" e "indemnizaciones" que tengan que pagar los ciudadanos.

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Bravo ha indicado que, "presupuestariamente", ese acuerdo "no supone un problema, porque al fin y al cabo esa gente está trabajando bajo una condición u otra", pero sí ha pedido tener "cuidado con lo que se hace".

Al respecto, ha apuntado que "hemos oído al colectivo de abogados del Estado, que están poniendo en duda la legalidad de ese procedimiento", y al hilo ha aseverado que "hacer las cosas bien tiene premio", y "hacerlas mal tiene mucho castigo", que "lo pagan los españoles o los andaluces".

"Y eso es lo que tenemos que valorar, porque luego eso lleva indemnizaciones, lleva sentencias, y aquí en Andalucía de eso conocemos un poco", ha abundado el consejero, que ha aludido así a casos en los que "se ha despedido a gente, se han hecho procesos que luego no han tenido validez", y con eso "no solamente se ha perjudicado a esas personas, sino que además ha costado millones de euros en sentencias que, lógicamente, pagan todos andaluces".

"Es una concesión demagógica a una supuesta base electoral que piensan que tienen en los que trabajan interinos en la Administración del Estado o las Comunidades"

Por además de los problemas legales que podría conllevar una normativa que hace fijos a los interinos sin una oposición previa, está la derivada electoralista, ya que muchos de esos interinos tendrán que depositar su voto en las próximas elecciones y a buen seguro recordarán que fue Sánchez el que les 'consiguió' un trabajo de por vida.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado de "extraordinariamente preocupante" y "concesión demagógica" el acuerdo entre ERC, PNV y el Gobierno central para que los interinos con más de 5 años sean fijos sin opositar y con concurso de mérito.

"Es una concesión demagógica a una supuesta base electoral que piensan que tienen en los que trabajan interinos en la Administración del Estado o las CCAA", ha lanzado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Madrid exige un sistema flexible

Entiende que no se debería encaminar hacia ese modelo sino que tiene que ser de una manera más "flexible", siguiendo un estilo que permita "el movimiento entre sector público y privado" como en Alemania o Reino Unido y no "el sistema que se conoce como mi plaza en propiedad". "Esto va a ser una entrada masiva de personas que no se irán nunca. Me parece que no es susceptible de ser viable", ha zanjado.

Sin embargo, entre los responsables socialistas no se ha escuchado una palabra más alta que otra, sino que prefieren mantener un perfil bajo y cerrar filas con el Gobierno. De hecho, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno de Asturias, la socialista Melania Álvarez, ha resaltado la importancia de contar con un "marco jurídico estable" a la hora de regular la posibilidad de convertir en fijos a trabajadores interinos.

Mientras que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado un "buena noticia" el acuerdo alcanzado por el Gobierno central para que interinos de más de cinco años sean fijos sin opositar, ya que servirá "para disminuir la temporalidad". Eso sí, ha avisado de que  "tenemos que ver la letra chica, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo" .

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero

Y es que, aún no se conocen todos los detalles acerca de cómo se articulará el acuerdo al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, más allá de que  incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar "por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal" al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

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 Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un "concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios", mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP. "Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas", han añadido.

Por otra parte, el acuerdo también incluye que se extienden "explícitamente" a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, lo que abre la puerta a que miles de personas que han sido colocadas 'a dedo' en numerosas instituciones, como en el caso de la Junta de Andalucía, tengan un empleo de por vida sin haber realizado la oposición pertinente.