13 de Abril de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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La alcaldesa de IU y la Cruz que tiró al vertedero

Destapada la trampa que usó la alcaldesa de IU para destruir la Cruz de Aguilar

La alcaldesa de IU que derribó la Cruz de Aguilar de la Frontera por "franquista" se sirvió en realidad de otra normativa para cumplir sus planes y llevar el monumento al vertedero.

| Javier Rodríguez España

 

La Cruz del Llanito de las Descalzas de Aguilar de las Frontera (Córdoba) fue retirada a martillazo limpio el pasado mes de enero ante la estupefacción de los vecinos del municipio, que se echaron a la calle para protestar por la eliminación de un símbolo del municipio.

La alcaldesa, Carmen Flores, de Izquierda Unida, que apeló inicialmente a la Ley de Memoria Histórica para justificarlo, dictó sin embargo un decreto que desmonta toda su versión, tal y como consta en un expediente al que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario.

Una resolución firmada por la propia regidora sirvió para iniciar el procedimiento con el fin de "solucionar una problemática que afecta gravemente al edifico religioso, ya que, el espacio ajardinado donde se encuentra la base de la cruz produce filtraciones de agua", poniendo en peligro tanto el muro colindante como las pinturas murales del convento.

Por ello, además, proponía la sustitución de la cruz por un "conjunto escultórico" de bronce en homenaje a Rodrigo de Varo y Antequera, fundador del convento, que ya había sido encomendada al escultor local Ricardo Llamas León y que había sido aprobada por el equipo de Gobierno. 

La alcaldesa apeló a la Ley de Memoria para cargarse una cruz muy querida, pero luego usó otra normativa

La Junta de Andalucía, ajena a cualquier referencia a la Ley Memoria Histórica invocada por la alcaldesa de forma posterior, y en aras de proteger el convento, al estar declarado como Bien de Interés Cultural, dio su visto bueno al proyecto, para evitar "los daños" que el agua estaba produciendo en el edificio, pero dejando claro que no deberían colocar allí ninguna otra escultura que pueda provocar "distorsiones en la contemplación de la magnífica portada del templo".

Informe negativo

Por ello, la alcaldesa, siguió adelante con el procedimiento, a pesar de que el 15 de enero los técnicos del Ayuntamiento informaron de forma desfavorable al derribo "mientras no se complete el expediente con la autorización demanial".

 

De hecho, tan solo un día antes de la retirada se celebró una Junta de Gobierno en la que se aprobó de forma unánime el proceso, instando al técnico a ofrecer "la justificación legal de dicha opinión, dado que la autorización no se solicita a terceros organismos".

 

 

Sin embargo, a pesar de todo ello, de que el procedimiento había sido abierto para mejorar las condiciones de la plaza y no por cuestiones de Memoria Histórica, la alcaldesa ha seguido manteniendo que la cruz es un símbolo franquista, ya que se construyó en 1938 con objetivos políticos y no religiosos y procedió a su demolición, cortándola desde su base. 

Pero si con esta polémica no hubiera sido suficiente, el tratamiento posterior de la cruz también volvió a dejar a la alcaldesa en evidencia, ya que tan solo unas horas después las redes se hicieron eco de una imagen en la que se la podía contemplar en el suelo de un vertedero.

 

Éste es el montaje del nuevo busto que el Ayuntamiento ha incluido en el expediente al que ha accedido ESdiario

 

La regidora, además, también se desentendió del tratamiento posterior del monumento una vez que fue retirada de su ubicación, ya que "el Ayuntamiento cuando retira la cruz, se desvincula de la propiedad y autoridad, lo lleva una empresa privada", que se encargó de reciclar los residuos.

 

Además, el derribo de la cruz no solo ha generado un enorme revuelo mediático, sino que también podría tener consecuencias judiciales para la alcaldesa, ya que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio ordenó a principios del mes de febrero la apertura de diligencias previas tras la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Posible delito

En ella, el colectivo ha acusado a Flores de la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa, ya que consideran que "la decisión de destruir el monumento no se había aprobado en Pleno, por lo que se realizó de forma completamente ilegal, además de que supone atentar contra un derecho fundamental, como es la libertad religiosa".

Lo cierto es que, según la documentación a la que ha accedido este periódico, la alcaldesa comunista se sirvió de una normativa muy alejada de sus explicaciones para lograr un fin político: no quería tener cerca esa cruz, apreciada por los vecinos, la tildó de franquista y la envió a la basura alegando razones técnicas bien distintas de su discurso oficial.