Crece la ola contra Garzón tras conocerse que sirvió solomillo y foie en su boda

Un día después de que se conociese la entrevista del periódico internacional The Guardian al ministro de Consumo, Alberto Garzón, la polémica sigue aumentando. Y es que las palabras del líder de Izquierda Unida en las que apuntaba que el sector cárnico de nuestro país introducía en el mercado, en ocasiones, carne de mala calidad, ha desatado una tremenda ola de indignación. 

En un primer momento, Garzón optó por esperar a que la crisis pasase sola, pero ante las protestas de la ciudadanía y del sector cárnico, ha optado por salir a dar explicaciones, que no disculpas. El titular de consumo ha asegurado en las últimas horas que las palabras transcritas de esa entrevista no se ajustan a la realidad y, lo que él quería decir, era otra cosa.

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Según él, quería denunciar las explotaciones ganaderas extensivas que tienen un impacto ambiental mayor, pero que "por motivos de espacio" el periodista del diario británico tuvo que excluir información de su entrevista. El ministro de consumo ha tirado balones fuera y acusa además a la prensa de estas informaciones y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que decía que la carne española es de mala calidad ha sido "impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes”.

En esta respuesta del titular de Consumo, señala que lo que él denunciaba eran las granjas de explotación intensiva, que aún así representan un amplio volumen de negocio del sector y dan trabajo a miles de personas. Un tipo de ganadería que él mismo ha reconocido en la “rectificación” hecha publica este martes, que “no es en ningún momento sostenible”.

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Unas palabras iniciales de Garzón que ponen al sector ganadero de nuestro país en un aprieto, sobre todo de cara a la imagen internacional que se ha proyectado gracias al ministerio de Consumo. De hecho, el presidente del Gobierno de Aragón, una de las comunidades autónomas que más explotaciones ganaderas tiene, ha exigido la dimisión del ministro. 

Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, donde ha apuntado que "estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia”.

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Desde el resto del Gobierno se hacen a un lado y solo se ha pronunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha desentendido de la postura de Garzón: "La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero”, ha señalado en una entrevista en Onda Cero. 

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Una de las cosas que peor ha sentado en la ciudadanía y en el sector, es que el propio ministro de Consumo disfruta de los productos cárnicos típicos de España, aunque luego diga que hay que comerlos en menor cantidad o diga en un medio internacional que los que vienen de España son de mala calidad. 

Y es que en su boda en el año 2017, el ministro de Consumo optó por incluir en el menú del banquete un solomillo de ternera a la brasa acompañado de una guarnición de puré de patata, pimiento del piquillo y espárragos trigueros. Un menú que se completaba con carpaccio de ternera con virutas de queso parmesano, saquitos de langostino con salsa americana, pastel de puerros y gambas con salsa de queso, gambas de Huelva, bogavante horneado con vinagreta en su jugo y cava. 

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 Y esta no es la única polémica que afecta al ministerio de Consumo del Gobierno de España. Cada mes, aproximadamente, suele repetirse el mismo patrón: se deja de hablar del ministro, que es uno de los que menos trabaja según ha recopilado el portal The Objective y el gabinete de Consumo decide sacar una nueva polémica o campaña para que vuelva a aparecer en el foco mediático.

Una de las primera polémicas fue también relacionada con la carne: desde el ministerio de Consumo se empezó a decir que los españoles debería comer mucha menos carne de la que suele ser habitual. Carne roja que, por otro lado, tacharon de “poco sana”, aunque en nuestro país su producción mueve cada año 28.000 millones de euros, representando un 22% de todos los productos alimentarios en España según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.

Después de esa polémica llegó la famosa “huelga de juguetes”, en la que el ministerio de Consumo quería trasladar el mensaje a las familias de que los juguetes se “movilizarían” para dejar claro que no tienen “género”. Una campaña que costó 60 millones de euros y que pretendía que los niños pudiesen jugar o pedir juguetes de todos los colores, formas y roles. Algo que ya se puede hacer, pero que, según Garzón, no está “visibilizado”.

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Otra de las polémicas de los últimos meses ha tenido que ver con el roscón de Reyes. Y es que el ministro de Consumo ha estado muy preocupado por la calidad de la nata de este típico postre navideño, por lo que decidió sacar adelante a principios de mes una campaña en la que se daban consejos a las familias para reconocer si un roscón es o no de buena calidad. Y es que, para el titular de consumo, es muy importante que la nata no sea fake y que, a poder ser, la receta del postre lleve la cantidad de azúcar más baja posible y que la nata sea “nata, nata”, a base de leche en una alto porcentaje. 

Sin embargo, en esta ocasión, la polémica ha ido demasiado lejos porque afecta a muchos puestos de trabajo. Por ello, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha exigido la dimisión de Alberto Garzón si no rectifica de una forma clara sus palabras. Acusan al declarado comunista de estar "continuamente atacando" al campo español y piden a las instituciones respaldo hacia un sector que "necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos”.

Además, desde distintas asociaciones y agrupaciones agrarias han asegurado que si la rectificación no se produce en un plazo de tiempo prudencial, se verán obligados a llevar al ministerio y a su titular, Alberto Garzón a los tribunales por el “daño continuo” que se le esta realizando al campo y al sector español.