Investigan las corruptelas y abusos de los primeros meses de vacunación

Los tiempos de la justicia no son precisamente rápidos pero a veces los de la política tampoco. El Congreso ha constituido este jueves una Comisión de investigación sobre la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España que llevaba pendiente desde el 11 de marzo, cuando el Pleno aprobó su creación a iniciativa de Más País y Compromís.

Es decir, con más de tres meses de retraso. Y lo que es más: sus trabajos no empezarán hasta septiembre, coincidiendo con el nuevo periodo de sesiones. La presidirá el diputado socialista por Pontevedra Guillermo Meijón.

La comisión se crea cuando en España ya hay 15.138.439 personas con la pauta de vacunación completa y más de 37,5 millones de dosis administradas por las comunidades, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Entre ellos, el Rey Felipe y el presidente del Gobierno, que esperaron su turno como el resto.

El presidente vacunándose la semana pasada.

En cambio, por aquel entonces, en marzo, proliferaban los casos de cargos públicos que se habían saltado la cola para vacunarse ante de tiempo. En Murcia, incluso, ello derivó a finales de enero en la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, por haberse vacunado junto a su mujer y a otros más de 300 empleados de su área. 

De esos polvos llegaron los lodos de la moción de censura que presentaron Cs y el PSOE en marzo amparándose en las irregularidades en la vacunación por parte del Gobierno de Fernando López Miras. 

El PP consiguió frustrar la moción, pero el movimiento de Inés Arrimadas desencadenó las elecciones en Madrid y la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de Pedro Sánchez... y finalmente de la política. 

En estos meses de retraso tanto Íñigo Errejón como los populares han pedido en varias ocasiones que arrancara la comisión, pero el PSOE no tenía prisa (sí la ha tenido para la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y para alargarla hasta diciembre).

En ella se investigará los fallos en el control de los protocolos y otros agujeros que permitieron que algunos alcaldes, concejales, gerentes de hospitales y hasta algún obispo se colaran. Así como si ha habido estructuras de tráfico de influencias.

Ésa será una vertiente, porque la otra lo serán los contratos con las farmacéuticas, la falta de transparencia y las cláusulas abusivas en algunos casos. Claro que España ha participado en un proceso de compra común gestionado por la UE -la que después ha ido repartiendo las vacunas por los estados miembro-, así que será difícil sacar algo en claro.