La Guardia Civil señala a la socialista Armengol en un caso de corrupción

Explicaciones "publicas e inmediatas". Eso es lo que exige el PP a la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, tras ser esta señalada por un informe de la Guardia Civil, que la relaciona con un turbio asunto de corrupción relacionado con el Puerto de las Islas. La información, que ha adelantado el diario El Mundo, ha provocado un terremoto en la polítiva balear.

Los populares exigen a Armengol esas explicaciones urgentes tras un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil que la relaciona con el caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Los investigadores creen que Armengol se reunió con el entonces presidente de la APB, Joan de Gual de Torrella, justo antes de su detención, para hablar de los amaños que se investigan.

Según los datos conocidos ahora, la Guardia Civil se incautó de un documento de la secretaria de Gual, con notas manuscritas en las que se puede leer Francina y un listado de temas a tratar, para la Guardia Civil, son alusiones a cuestiones que se estaban investigando.

Ante la "gravedad" de estas informaciones, el PP ha difundido un comunicado en el que reclama a Armengol que aclare este asunto públicamente este mismo viernes. "No puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones", señalan los'populares.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente de las Islas, el también socialista Francesc Antich.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, levantó recientemente el secreto de parte de la causa de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares: en concreto, la pieza identificada como Mahón-ASMEN, que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.