Una funcionaria alertó de la chapuza de Marlaska en Ceuta y no fue escuchada

Fernando Grande-Marlaska volvió a invocar, este martes, el convenio que en marzo de 2007 firmaron España y Marruecos para reiterar la legalidad de la repatriación de menores paralizada por un juzgado de Ceuta.

"Todos son retornos asistidos conforme al acuerdo firmado en 2007 entre Marruecos y España, siempre en beneficio del menor, tratando de restablecer su vida familiar, social y cultural", insistió el ministro del Interior.

La polémica no deja de crecer. Al auto judicial se suma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que ha dado 24 horas al Ministerio para que explique y documente la orden de expulsión; y el de la Fiscalía del Tribunal Supremo, quejándose de que fue avisada un día después de que empezara el operativo, no antes. Y mucho menos consultada. 

El Gobierno recurrirá a la Abogacía del Estado para intentar resolver este nudo gordiano que le aprieta cada vez más. Fuera y dentro del propio Consejo de Ministros, con Unidas Podemos poniendo el grito en el cielo y acusando a Grande-Marlaska de incumplir la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley de Extranjería española.

Demasiados cabos legales sueltos

Pero las evidencias de que Interior dejó demasiados cabos legales sueltos son cada vez mayores. La prensa ceutí relata cómo en una reunión celebrada el pasado miércoles 11 de agosto en el Tarajal entre representantes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, de la ciudad autónoma y de Marruecos una funcionaria advirtió de que lo pretendía hacerse era una chapuza. 

En ese encuentro, según desvela Ceuta Actualidad, una funcionaria avisó de que no se podía activar (por primera vez desde 2007) el convenio con Marruecos sin desarrollar antes el artículo 9 del mismo.

El convenio requería del desarrollo de un protocolo antes de su aplicación

Éste recoge: "Las modalidades de aplicación del presente Acuerdo, a nivel de procedimiento, serán objeto de un Protocolo de Aplicación". Protocolo que nunca se redactó. Ni en 2007, ni cuando cinco años después (casi nada) Marruecos ratificó el convenio ni tampoco antes de acometer las primeras repatriaciones el viernes pasado. 

La técnico señaló en esa reunión privada que sin protocolo España no podía devolver a los menores porque estaría "fuera de las garantías de las leyes españolas e internacionales", por más que el reino vecino estuviera de acuerdo. En esa reunión a puerta cerrada estaban la vicepresidenta primera de la Ciudad, Mabel Deu, y el secretario de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Pero el Ejecutivo siguió adelante. Intentando hacer el menor ruido mediático posible al aprovechar un fin de semana de agosto y, además, de festividad de la Virgen. Y ha conseguido el efecto contrario.