La mayor trama de corrupción del PSOE en Asturias deja mudo a Pedro Sánchez

La prensa lo ha bautizado como el juicio de la mayor causa por corrupción que ha conocido el Principado. La prensa local, claro, porque la nacional apenas se ha hecho eco. Será porque Asturias no es la Comunidad Valenciana, y porque además el proceso tampoco afecta al PP sino al PSOE.

A pesar del manto de silencio, este lunes dio comienzo el juicio del llamado caso Marea, una trama de adjudicación de contratos públicos en la época del presidente socialista Vicente Álvarez Areces con 13 imputados, entre ellos el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre y su número dos y mano derecha en el departamento de Educación del Gobierno asturiano, María Jesús Otero.

Y en qué momento llega para Pedro Sánchez, en plenas conversaciones a dos bandas con Podemos y Ciudadanos. Porque el escándalo afecta a una de las baronías más sólidas del PSOE, una de las tres únicas -junto con Andalucía y Extremadura- en las que el PSOE fue el partido más votado en las elecciones autonómicas. 

Por lo pronto el actual presidente del Principado, Javier Fernández, se ha apresurado a ponerse la venda y proclamar su total colaboración con la Justicia, como en su día hizo la Junta de Andalucía con el caso de los EREs.“En el caso Marea el Partido Socialista nunca negó la corrupción y actuó de manera adecuada siempre con toda colaboración y lo que queremos es que se resuelva el juicio con todo rigor y justicia”, ha señalado. Ya ha hecho más que Pedro Sánchez, que no ha pronunciado una sola palabra al respecto. Mudo se ha quedado.

El caso fue destapado en la última etapa del Gobierno de Álvarez Areces, los años 2010 y 2011. El fraude a las arcas públicas del Principado se cifró inicialmente en 3 millones de euros y no ha parado de crecer desde entonces, todo por el amaño de contratos desde las consejerías de Educación y Cultura. En la primera jornada del juicio se ha sabido que sólo el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada tuvo un desfase de 5 millones de euros.

El fiscal pide para el exconsejero Iglesias diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros por incurrir en delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho. Y para Otero once años y medio de prisión y 2,5 millones.

Además hay varios funcionarios imputados, con Marta Renedo a la cabeza. Ella, jefa de servicio de Procesos administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado, fue el primer hilo del que los investigadores empezaron a tirar. Se cree que pudo ganar 1,5 millones de euros con los amaños.

Hay otros funcionarios imputados: tres trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo, Paz Rodríguez Pendás, José Villa Cantero e Isaac Ovies García; uno del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez; otro de Avilés, Brauilio iglesias; y uno más de la Escuela de Ingeniería, José Manuel Blanco.

Ellos son los presuntos corruptos. En el lado de los presuntos corruptores se encuentran los gerentes de cuatro compañías asturianas: ASAC Comunicaciones, Igrafo, Almacenes Pumarín y Nora Proyectos e Ingeniería.

Pedro Sánchez no se ha pronunciado al respecto. En su tiempo libre puede dedicarse a ver las sesiones del juicio, puesto que éste será el primero que se celebre en Asturias en el que haya señal en directo para los medios de comunicación.