Choque institucional inédito por la amnistía: el plan del PP para parar la ley

El informe de los letrados del Senado ha dado un giro a la estrategia del PP con respecto a la ley de amnistía, tal y como reconocen fuentes de Génova. La contundencia y claridad a la hora de calificar la norma de inconstitucional ha “obligado” al PP a presentar un conflicto institucional ante el Congreso para pedir a la Cámara Baja que reconsidere la tramitación de la ley. Y no acaba ahí la batería de medidas que tiene pensado el principal partido de la oposición para lograr que la ley no vea la luz.

Lo anunciaba la portavoz del PP en el Senado en el Pleno de este martes, durante la sesión de control al Gobierno. “El PP pedirá formalmente al Congreso la retirada de la Ley de Amnistía por ser una reforma encubierta de la Constitución”, señalaba Alicia García antes de añadir que van a defender, “por encima de todo, las facultades de esta Cámara y los derechos de todos los españoles, porque no solo está en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución”.

Solicitaremos formalmente al @Congreso_Es que retire la Ley de Amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. pic.twitter.com/fA6RwxLbYI

— Alicia García PP (@AliciaGarcia_Av) March 19, 2024

La posición conocida del PP hasta la fecha era la de admitir a trámite la ley en el Senado porque entendían, y así lo han ratificado los letrados, que constitucionalmente no hay otra alternativa, a pesar de tener el convencimiento de que la ley a la que están dando tramitación es completamente inconstitucional.

La estrategia, por tanto, no era ni es vetar la amnistía, como reclamaba Vox, sino demorar al máximo su paso por el Senado, los dos meses que permite la ley. Para ello modificaron incluso el Reglamento de la Cámara, de tal manera que en el caso de una proposición de ley se pudiera cambiar el trámite de urgencia por el ordinario.

Fuentes del PP: "el informe de los letrados del Senado abre la puerta a plantear un conflicto institucional ante el Congreso y sería irresponsable no hacerlo"

Se han pedido informes al CGPJ y al Consejo Fiscal, éste último vetado por el fiscal general, para que al menos la opinión pública conociera de primera mano y de forma oficial qué opinión les merece la ley que borra los delitos a los independentistas catalanes, incluidos los de terrorismo, malversación y alta traición.

Nadie, sin embargo, esperaba este giro de guión que supone plantearle al Congreso un conflicto institucional desde el Senado. “El informe de los letrados abre la puerta a esta medida”, reconocen fuentes de la dirección del PP que añaden que dada la contundencia de ese escrito “sería irresponsable no hacerlo”.

El Senado planteará un conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía 

Y es que ese informe de los letrados, al que ha tenido acceso ESdiario, afirma que la ley de amnistía es inconstitucional por varios motivos de peso “materiales y formales". Entienden, en primer lugar, que es una reforma encubierta de la Constitución que en ningún caso se puede hacer mediante una ley orgánica. Además, entre otros motivios, creen que se ha vulnerado también la Carta Magna y la ley en la tramitación en el Congreso. Devolver la ley a la Comisión de Justicia una vez que el Pleno la había votado en contra (más noes que síes) no se ajusta tampoco a Derecho, según los juristas del Senado.

Del Congreso al TC y a Europa

Por todo ello, el PP va a ir con todo contra la ley, agarrándose en que el informe “abre la puerta” a dos dos vías para recurrir la amnistía desde el Senado y ambas, con gran probabilidad, acaban en el Tribunal Constitucional.

La primera es plantear un conflicto institucional ante el Congreso por la ley de amnistía por “fraude constitucional”, según argumentan los letrados. El Congreso de los Diputados, explican, “al tramitar la Proposición de Ley de Amnistía por el procedimiento legislativo ordinario, está menoscabando la atribución constitucional del Senado de tramitación de las reformas constitucionales reconocida en el Título X de la Constitución y en el Título V del Reglamento del Senado”.

El informe de los letrados del Senado es muy claro: la amnistía es inconstitucional. Después de esto, cualquier Gobierno retiraría la tramitación de la Ley.

La rechazaremos con la mayoría absoluta del Senado y, cuando llegue el momento, recurriremos este despropósito. pic.twitter.com/i46KrN6V8s

— Miguel Tellado (@Mtelladof) March 19, 2024

Este conflicto institucional lo tiene que presentar un grupo parlamentario y aprobar el Pleno para remitírselo al Congreso. La Cámara Baja tiene un mes para rectificar o ratificarse en su decisión de tramitar la ley de amnistía. En este segundo supuesto, el PP podría ir entonces al Tribunal Constitucional para que resuelva este conflicto institucional y “lo hará”, según ratifican desde la calle Génova.

La segunda posibilidad es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23 de la Constitución. Lo podría plantear cualquier senador o grupo parlamentario que, además, podría solicitar la suspensión de la tramitación en el Senado hasta que hubiera un pronunciamiento definitivo del TC.

Los trámites para presentar el conflicto institucional: lo pide un grupo parlamentario o 25 senadores, lo aprueba el Pleno del Senado y se remite al Congreso que tiene un mes para contestar

Es decir, por dos vías distintas, la ley de amnistía podría acabar en el Tribunal Constitucional antes incluso de ser aprobada definitivamente. Pero no acaban ahí los planes del PP que también piensa llevar este conflicto “a Europa”, señalan fuentes del partido. Y es que la confianza en que los recursos ante el TC prosperen es muy limitada, a tenor de su composición y de sus antecedentes. 

El TJUE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea serían pues la tercera vía que maneja Génova para impedir que la ley de amnistía, que consideran inconstitucional a todas luces, acabe viendo la luz. El informe de los letrados ha dado más argumentos y razones al PP para ir contra la amnistía desde el Senado, sin esperar a su aprobación final en el Congreso.