Marlaska monta un 'chiringuito' para controlar a los policías y contentar a ERC

Decenas de veces Gabriel Rufián ha utilizado su escaño en el Congreso de los Diputados para aseverar que en España existe la 'brutalidad policial'. Su compañera, Montserrat Bassa,  llegó a calificar de "salvajes" a los policías e incluso acusó a las fuerzas de seguridad de "torturar" y aseguró que "les tenemos asco y aversión, les deseamos que se vayan, fuera las fuerzas de ocupación". Igualmente, desde Bildu se ha mantenido un discurso similar. Por ello, ahora el Gobierno se ha apresurado a montar un 'chiringuito' para vigilar a los policías.

Será la nueva Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y estará adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad con la intención, según el Gobierno, de hacer frente a los casos de malos tratos de detenidos por parte de los efectivos de dichos cuerpos.

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La propuesta aparece en el informe de respuesta remitido por el Gobierno a las recomendaciones que le ha hecho llegar el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020.

En él, la delegación del CPT que realizó la visita señala que aunque la mayoría de los detenidos con los que hablaron dijeron "haber sido tratadas correctamente por los agentes de la ley", también recibió "un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional".

Dichos malos tratos "se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido", explica el informe, que también habla de "algunas denuncias de abusos verbales" en particular hacia extranjeros y "de esposas excesivamente apretadas".

El Gobierno esgrime que también se investigan "comportamientos que, sin ser penalmente relevantes, pudieran afectar a la calidad del servicio que prestan los cuerpos policiales"

En su respuesta, el Gobierno reivindica que "el Ministerio del Interior mantiene una vigilancia estrecha y permanente en esta materia, articulándose y difundiéndose a través de múltiples y diversas vías", lo que incluyen "acciones formativas" tanto para el ingreso como en el marco de la "actualización de conocimientos, promoción profesional, especialización y altos estudios".

El Gobierno esgrime que también se investigan "comportamientos que, sin ser penalmente relevantes, pudieran afectar a la calidad del servicio que prestan los cuerpos policiales", al igual que deja claro que la  Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) del Ministerio del Interior se encarga de dar seguimiento a las denuncias contra policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, las cuales activan "automáticamente una investigación y seguimiento, garantizando todas las previsiones normativas, bien a través del ámbito penal como disciplinario".

Asimismo, el informe desvela que "se están trabajando, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, a fin de constituir la que se denominará Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".

Cámaras de vídeo corporales para los agentes

Asimismo, el CPT pide al Gobierno su opinión respecto al uso de cámaras de vídeo corporales por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad, sobre todo en caso de "incidente", incidiendo en que la experiencia de otros países demuestra que las mismas suponen "una salvaguardia adicional contra el abuso por parte de los funcionarios, así como una protección contra las acusaciones infundadas de malos tratos".

Sin embargo, el Ministerio del Interior dice no disponer de información sobre las experiencias de otros países y aclara que en el caso de España la valoración sobre su incorporación a los procedimientos policiales "debe ser fruto de un profundo análisis respecto de su compatibilidad con el actual marco normativo sobre utilización de videocámaras móviles y el tratamiento de las grabaciones desde la perspectiva de normativa de protección de datos de carácter personal".