Ayuso consuma su amenaza y lleva al Constitucional el apagón nocturno de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ya había avisado. Llevaría ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno: Dicho y hecho, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya han presentado su recurso contra el plan que ordenaba el apagón de escaparates por considerar que invadía sus competencias.

Tal y como ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en una intervención en 'Telemadrid', el escrito se ha interpuesto esta misma mañana por invadir "claramente" competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. "Hay que defender nuestras competencias", ha aseverado.

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La semana pasada, la presidenta regional manifestó que había dado orden a los servicios jurídicos de presentar este recurso ya que el decreto "se ha presentado de forma arbitraria" y "autoritaria" y atenta "contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos".

El Gobierno regional adopta esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial ya que se inmiscuye en asuntos que gestiona en exclusivas la Comunidad como es son cuestiones en materia de sanidad, comercio interior, turismo y protección de sus instalaciones.

En primer lugar denuncia la "abusiva" e "indebida" utilización del Real Decreto-Ley por no motivar de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas, lo que supondría "una vulneración de los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española", y aboga por que podría haberse acudido al procedimiento legislativo por vía de urgencia.

"No hacerlo así conlleva una restricción del derecho fundamental del artículo 23.2 de la CE", recoge el escrito judicial, que apunta que "estas medidas traen causa de objetivos propuestas en la UE que no tiene carácter vinculante".

El Gobierno se extralimita e invade competencias

En la misma línea, aduce que parte de las medidas del artículo 29 estaban anteriormente reguladas por una norma con rango reglamentario, otro indicio, a juicio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, "más de la innecesariedad de acudir al instrumento excepcional del Real Decreto Ley".

También argumenta el recurso que el decreto extralimita bases estatales por ejemplo en relación con la limitación de temperaturas y obligación de colocar carteles informativos, indicando deben ser las Comunidades las que puedan asumir competencias de desarrollo.

De hecho, expone que "la Comunidad de Madrid ostenta, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional".

Por tanto, insiste en que "la limitación de temperaturas no respeta la definición de bases estatales, por cuanto que agota la materia, sin dejar margen de actuación a las comunidades autónomas ni permitirles introducir modulaciones o matizaciones a su contenido".

El recurso también se pronuncia sobre la medida relativa a la implantación del sistema de cierre de puertas, una cuestión que considera contraviene "la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene". "Esta medida, amparada en la competencia estatal básica en materia energética-eficiencia energética- entraría en colisión directa con la competencia de Madrid en materia de Sanidad e higiene", señala.

La obligación de apagado de escaparates supone "un perjuicio evidente para aquellos establecimientos que, en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid, hayan decidido mantener su actividad más allá de las 22 horas"

De igual modo, el recurso sostiene que el apagado de alumbrado de escaparates y edificios públicos invade las competencias autonómicas en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios.

De hecho, sostiene que la obligación de apagado de escaparates se extiende indiscriminadamente a todo tipo de escaparates, lo que supone "un perjuicio evidente para aquellos establecimientos que,
en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid, hayan decidido mantener su actividad más allá de las 22 horas".

El pasado mes de agosto, una vez conocido su contenido, el Ejecutivo autonómico ya anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad, "ya que la medida ponía en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y crea una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños".