| 25 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso.
Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso.

Sánchez delata al CNI: el juez sólo avaló 18 de los 65 pinchazos denunciados

La confirmación por el presidente del Gobierno del hackeo al secesionismo pone en un brete a sus espías: mentir a la justicia o revelar su labor.

| Francisco Mercado Investigación

 

La presión de la oposición secesionista y compañeros de viaje como Podemos o PNV ha tenido como respuesta un creciente striptease sobre seguridad nacional de Pedro Sánchez. Al inicio, reinó el silencio oficial sobre las denuncias mediáticas del catalangate, pero después se rompió ese cordón sanitario por dos vías.

Por un lado, se adoptó una respuesta entreguista a través de Oscar López, jefe de gabinete de Sánchez. Mostró su “empatía” hacia los espiados catalanes y vascos. Es tanto como si el Gobierno de Felipe González en plena actividad de los GAL mostrara hacia los etarras asesinados “empatía” en lugar de fingir estupor sobre los crímenes.

Y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, voló a Barcelona para dar toda suerte de explicaciones a los golpistas hackeados. La guinda a la confirmación oficial de que el espionaje estatal había existido la puso Sánchez. Ofreció desclasificar documentos secretos del CNI para esclarecer el espionaje. ¿Alguien recuerda a González ofreciendo desclasificar papeles del Cesid sobre la guerra sucia?

Para rematar el pastel, la ministra de Defensa a ratos negaba los hechos, a ratos recordaba o filtraba que cuanto el CNI hacía en esa materia gozaba de aval judicial. En un calentón parlamentario justificó el espionaje al secesionismo.

Queda maniatado el servicio secreto. Si confiesa el espionaje y entrega las pruebas, malo. Adiós al secreto de estado, a la identidad de los espías y al contenido de lo hallado. Si no las entrega, peor.

“¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

Robles se erigió en la segunda vía del Gobierno para confirmar el espionaje. Beligerante y no compasiva, pero igualmente útil para el secesionismo. “Espero que en la comisión salga todo, puedan ver la documentación y a lo mejor los que dan lecciones tendrán que callarse". Nueva pista para los jueces que asuman las denuncias de los indepes: hay documentación sobre el espionaje estatal a los secesionistas.

 

La ministra de Defensa, este miércoles, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

 


Pero la pregunta de Robles puede formularse a la inversa: ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez tras confirmar por Pegasus que dirigentes secesionistas siguen promoviendo la independencia por vías ilegales, socavan el estado, promueven alteraciones y tejen negocios y operaciones políticas con Putin? Concederles indultos, admitirles avales públicos por el dinero malversado, pedirles el voto en el Parlamento y ofrecerles disculpas por espiarlos.

Esto quedaría en una maniobra pandillera/callejera más, en argot de Isabel Díaz Ayuso, si no repercutiera sobre la seguridad del estado y sus agentes. El Gobierno para exculparse ya vende en secreto que sólo ha espiado a 18 independentistas y con aval judicial. No a 65, en contra de lo que sustenta el informe del catalangate.

Según fuentes próximas al relato oficial, el CNI alega que ni tiene culpa ni constancia del espionaje a los 47 indepes restantes que claman haber sido hackeados. Pero los expertos coinciden: Pegasus no se contagia al hablar. Hay que introducirlo terminal a terminal.

Sánchez no mide la bomba de racimo que encierra su versión. Los independentistas, que ya están formulando denuncias dentro y fuera de España para que el efecto denigratorio sea mayor, probarán que su teléfono fue hackeado. Pero sin ayuda del presidente nunca habrían logrado centrar judicialmente la sospecha en el CNI.

Ahora hasta el último juez de Badalona ya sabe que el CNI ha espiado a los indepes. Y lo que es mejor: que existen pruebas, léase informes clasificados del CNI sobre el espionaje. Al juez sólo le queda casar dos elementos: denunciante y denunciado. “¿Oiga, CNI, es verdad que ustedes han espiado a este señor como proclama en su denuncia y avala el presidente? Requiérase la entrega de cualquier documento del CNI vinculado con el espionaje al denunciante”.

 

En este nuevo lío de Pegasus, Sánchez podía elegir entre el CNI o ERC. Parece haber elegido a Rufián.

 

Y ahí queda maniatado el servicio secreto. Si confiesa el espionaje y entrega las pruebas, malo. Adiós al secreto de estado, a la identidad de los espías y al contenido de lo hallado. Si no las entrega, peor. El CNI se enfrenta al poder judicial y a sus socios parlamentarios clamando que en España pesan tanto las garantías democráticas como en la Rusia de Putin.

La aseveración del Gobierno de que sólo ha espiado a 18 indepes, no a 65, sirve de todo menos para defender al CNI y al estado. No elimina preguntas legítimas en un estado democrático.

¿Por qué se hackeó a esos 18, cuál era el riesgo para el estado que suponían, qué uso se dio a la información obtenida? ¿Se denunciaron en sede judicial las ilegalidades advertidas o se callaron en interés político del presidente? ¿Si no se halló nada ilegal para qué se espió? Naturalmente, una vez admitido que el Gobierno de España ha espiado a 18 políticos o agentes del secesionismo, ¿cómo impedir que oposición y justicia sospechen que los 47 hackeos restantes comparten igual origen estatal?

 

La condena mediática internacional está garantizada. Para eso son muy útiles laboratorios como Citizen Lab, autor del informe sobre el catalangate y que financia Soros como destapó ESdiario. Pone el foco sobre la violación de derechos en España mientras los espiados charlan amablemente de apoyos políticos y negocios con personajes de un país sin la menor tacha de abusos estatales: Rusia.