Golpe judicial a la Generalitat por no vacunar a los policías y guardias civiles

El juez ya ha ordenando investigar a la Generalitat por dejar a un lado a los agentes dependientes de Interior. La denuncia interpuesta por los sindicatos policiales considera que excluir a policías y guardias civiles podría llevar aparejado un delito de prevaricación y el magistrado quiere corroborar tal extremo.En el auto de fecha 21 de mayo, el juez Fernando Luis Criado Navamuel ya ha ordenado a los Mossos investigar lo sucedido, además de dar traslado de estas diligencias previas al Ministerio Fiscal, en el marco de las actuaciones incoadas por la denuncia interpuesta en los Juzgados de Guardia de Barcelona por parte de JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, su 'marca' en la Guardia Civil.

La denuncia se interpuso por presunto delito de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores debido a la decisión de la Generalitat que llevó a un retraso en la vacunación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en comparación con las inyecciones a agentes de los Mossos, policías locales y bomberos.

Esta situación, que fue denunciada por los sindicatos, solo fue revertida tras otra decisión judicial, ya que "el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, que emplazó a la Generalitat a vacunar contra la Covid-19 en un plazo de diez días, de forma que se alcanzara "la misma proporción" de agentes vacunados en Policía y Guardia Civil que en los Mossos d'Esquadra, que por entonces era de un 80%.

"No parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña", sentenciaron entonces los jueces.

El Gobierno auxilió a la Generalitat

Mientras, el Gobierno central, en un nuevo intento de esconder la discriminación del Govern anunció un plan alternativo, explicando que sería el Ministerio de Sanidad el departamiento encargado de la vacunación e incluso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habló de que solo se debía a una "disfunción".

También el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, defendió a los independentistas y justificó la intervención de Sanidad porque "nos dijeron que habían tenido unos problemas técnicos entre otras cosas por el cambio de criterios de vacunación y de utilización de las vacuna".

Sin embargo, el juez instructor ha optado por llegar hasta el final del asunto, con la intención de saber si la Generalitat dejó a un lado de forma consciente a todas las Fuerzas y Cuerpos de Segurad desplegadas en Cataluña contraviniendo a la ley.