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El PP apura las horas para que los barones recurran la Amnistía de Sánchez al TC

El fin del plazo fijado para presentar los recursos es el próximo miércoles 11 de septiembre y las comunidades gobernadas por los populares acudirán en cascada alegando su inconstitucionalidad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus barones autonómicos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus barones autonómicosEuropa Press

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Sandra Sánchez

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Este lunes, Aragón y Murcia. El martes, salvo que lo terminen antes, Castilla y León, Baleares, Extremadura y Galicia. Valencia, Madrid y Andalucía, en cuanto lo tengan listo. Los barones regionales del PP ultiman la catarata de recursos de anticonstitucionalidad de la sanchista Ley de Amnistía, cuyo plazo para ser interpuestos termina el miércoles 11 de septiembre.

La estrategia popular pasa por la presentación de recursos de anticonstitucionalidad de la polémica norma aprobada por el Gobierno de Sánchez. El pasado jueves ya fue el Grupo Popular, con la firma de sus diputados y senadores, el que registró su recurso ante el Constitucional, en el que pide además apartar de la deliberación de la Ley de Amnistía a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo (que ha solicitado abstenerse) y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

Pero ahora llega el turno de los barones autonómicos, que han apurado al máximo los plazos legales con el fin de analizar con calma las alegaciones del Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad. La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio.

En el recurso del Grupo Popular del pasado jueves, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, recalcó que esa norma es "expresamente inconstitucional" porque es "arbitraria" y supone una "autoamnistía", ya que ha sido impulsada por los mismos que se benefician de ella, algo que también es contrario al ordenamiento jurídico europeo. La norma, según el PP, es contraria a principios básicos del Estado de Derecho, a la separación de poderes, al principio de jurisdicción y al principio de tutela judicial efectiva que recoge la Constitución.

De la misma manera, el PP considera que es contraria a "leyes penales singulares" e "indultos generales" que recoge en sus artículos, 17, 25 y 62, así como al artículo 14 que recoge el principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley.

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