Los jueces claman contra la nueva reforma del PSOE: inconstitucional y para buscar la impunidad

Después de un 2024 en el que tanto el Gobierno como el PSOE se han visto cercados por los casos de corrupción, los socialistas arrancan este 2025 con la intención de que esto no se repita y de nuevo lo hacen intentando censurar y prohibir. Eso es lo que significa la nueva iniciativa socialista presentada este mismo viernes por Patxi López y que busca restringir la acción popular en los procesos judiciales. Es decir, menos libertad y más control sobre la justicia para evitar investigaciones como las de Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez, ambas iniciadas por este método.

Durante el transcurso de la jornada se han ido produciendo las reacciones de los jueces de nuestro país. Las cuatro asociaciones mayoritarias han valorado la propuesta registrada en el Congreso por el PSOE como Proposición de Ley Orgánica "de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". Acciones judiciales que, casualmente, les afectan y provocan la desconfianza de sus votantes. Por ello buscan la impunidad, un concepto que vulnera la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Un término que ha utilizado María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien ha señalado en declaraciones a Europa Press que esa modificación de la figura de las acusaciones populares parece buscar "la impunidad" si se atiende a "las causas abiertas" actualmente. "Y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha matizado.

Además, ha explicado que hay "serias dudas de que sea constitucional": "Más bien entendemos que se produce una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24". La magistrada reconoce que "se ha hecho un uso abusivo de la acción popular por parte de todos los partidos políticos" pero que, a su vez, esto ha permitido "condenas por delitos relacionados con la corrupción política".

En ese mismo punto incide la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, si bien coincide en que se han cometido "abusos", también ha servido para denunciar conductas delictivas, por lo que la asociación fiscal ha hecho un llamamiento a la "sensatez" para evitar esos abusos. Es decir, la solución no es prohibir todas las acusaciones populares.

Una ley para casos concretos

Por otro parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha lamentado que el PSOE tenga que recurrir "a la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro".

"Esta reforma no tiene vocación de generalidad sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos"Sergio Oliva, portavoz de APM

En el caso del portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, considera "desacertado" excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral, al entender que "debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales".

Por último el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, sí está de acuerdo en que debía de limitarse en cierta manera este tipo de acusaciones porque considera se abusa de ellas. Sin embargo, sobre regular que se rechacen querellas basadas solo en recortes de prensa, considera que es una "redundancia" porque "ese examen se hace siempre", Además afirma que si la noticia reproduce "una fotografía, una declaración o un documento -como el caso de la querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno- pues, efectivamente, debe ir para adelante".