El Gobierno ataca al juez del Supremo y minimiza el delito del fiscal general: "Una simple filtración"
Pedro Sánchez se niega a dejar caer a Álvaro García Ortiz a pesar de la comprometida situación judicial del fiscal general del Estado. A la vez aprovecha para intentar desviar el foco arremetiendo de nuevo contra los jueces y contra Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, saluda a Pedro Sánchez ante Begoña Gómez
Temiéndose lo peor, desde el Palacio de la Moncloa tratan de minimizar la onda expansiva por el caso de la revelación de secretos y datos personales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tanto es así que en el entorno cercano al presidente del Gobierno buscan restarle importancia a la gravedad de los hechos, deslizando que se trata de "una simple filtración". Pero, por mucho que quieran cerrar filas en torno al fiscal general del Estado, en el seno del Ejecutivo son plenamente conscientes de que este caso no hace más que complicarse para los intereses tanto de la Fiscalía como de la propia Presidencia del Gobierno.
Por tanto, no es de extrañar que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez quieran, a su vez, desviar el foco por las implicaciones que pudieran salpicarles directamente en relación con un posible delito de revelación de secretos. El juez de Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno".
Cuestionada por este asunto, Pilar Alegría ha lanzado este martes un nuevo dardo hacia el magistrado al considerar que son "elucubraciones", porque "no hay ninguna base documental". Para este Ejecutivo "no hay indicios" en los que sustentar tales afirmaciones.
Sin embargo una de las preguntas que sobrevuelan La Moncloa es si Pilar Sánchez Acera, número dos de Óscar López -entonces jefe de Gabinete de Sánchez- será finalmente imputada. Y, si lo es ella, cuánto tardará en correr la misma suerte algún otro alto cargo cercano al presidente, como por ejemplo el ahora ministro para la Transformación Digital, el propio Óscar López, por nombrar a alguno.

Pedro Sánchez junto a los ministros Félix Bolaños y Óscar López. Detrás el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
De ahí que en Moncloa tengan muy clara la consigna: cuanto más se estrecha el cerco judicial de los escándalos que salpican bien de cerca al entorno próximo del presidente del Gobierno, más contundente debe ser el ataque. Ataques a jueces y tribunales como el que ha vuelto a protagonizar la ministra portavoz.
"Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general", así de tajante se ha mostrado Pilar Alegría, quien ha seguido añadiendo: "Por eso también comprenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación".
De este modo, los ministros de Sánchez vuelven a salir en defensa de Álvaro García Ortiz. Y lo han hecho 24 horas después de que se haya conocido el auto del juez del Hurtado, en el que deja en una posición más que comprometida al fiscal general del Estado. El mismo que tendrá que acudir a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de enero por la filtración de los datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Ataques contra Ayuso desde Moncloa
Precisamente, contra Alberto González Amador también ha arremetido la ministra de Educación, quien ha vuelto a aprovechar la oportunidad –otra más- de atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el altavoz de Moncloa. Lo ha hecho afirmando que "el origen del delito está en la pareja de la señora Ayuso" y sentenciando que "los bulos, las mentiras y las filtraciones" están detrás de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Casual o no, minutos antes de conocerse que la Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que lleva el caso que cite a declarar al novio de la presidenta madrileña por un supuesto fraude a Hacienda, Alegría insistía en esa misma idea exponiendo que "hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales por un valor de más de 500.000 euros y a estas alturas, que sepamos todavía, ni ha declarado". Una muestra más de la estrategia del Gobierno, la de seguir atacando.