La corrupción del fiscal general salpica a Presidencia del Gobierno: operación de Estado contra Ayuso

EL auto del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general, es demoledor. Cita a declarar como investigado al propio Álvaro García Ortiz el día 29 de enero, al día siguiente a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y un día después al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz. A todos ellos los cita como imputados o investigados por la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, relativa a la investigación de la fiscalía contra él por presunto fraude fiscal a Hacienda. El juez no tiene dudas. Ve una "participación preeminente del Fiscal General del Estado en los hechos"

Es un escándalo sin precedentes que el fiscal general esté investigado, un escándalo mayúsculo que presuntamente destruyera pruebas. Un escándalo tremendo que a pesar de todo siga en su puesto y, lo peor de todo, que el Gobierno le defienda y apoye para que siga en su puesto.

Quizás el auto que ha emitido hoy el juez del Supremo explique ese apoyo cerrado de Sánchez a su fiscal general. El juez deja claro que el correo de la filtración tuvo "salida de la fiscalía general del Estado y destino Presidencia del Gobierno". Es más, añade que desde Presidencia del Gobierno se envió al periódico digital Elplural.com. Y entre medias, "se puso a disposición" de Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE de Madrid.

Y aquí llega lo más grave de todo. ¿Por qué se le envió a Lobato? Dice el juez que "para que hiciera uso de él" en su intervención en la Asamblea contra Ayuso "con una clara finalidad política". Sí, una "clara finalidad política". Es decir, la filtración tenía como objetivo dañar a Isabel Díaz Ayuso. No se trataba de exhibir los presuntos delitos de un particular sino de utilizarlo para atacar a una rival política. Eso es lo que está diciendo el juez.

Estamos ante la descripción de una operación de Estado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que, presuntamente, se utilizan instituciones públicas como la fiscalía general del Estado y la Presidencia del Gobierno nada menos contra una rival política. Es un escándalo mayúsculo que debe ser depurado y que, con este auto que hemos conocido este lunes, involucra de lleno a La Moncloa, al Gobierno.

Sánchez, lo estamos comprobando, es esa clase de persona sin escrúpulos ni límites capaz de comprar su investidura a un prófugo de la Justicia con una ley de amnistía inconstitucional, capaz de proponer una ley de impunidad total para su familia que aborte las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez y su hermano, el músico David Sánchez, y capaz presuntamente de utilizar al fiscal general del Estado y a la Presidencia del Gobierno para montar una campaña contra una rival política desvelando datos confidenciales de un particular. Es nauseabundo y asqueroso y en cualquier país con una democracia normal cualquiera de estos escándalos de manera aislada habría provocado la dimisión del presidente del Gobierno, no digamos ya la suma de todos ellos. Sánchez es un cáncer para España, pero de momento no hay manera de extirparlo.