El PP de Canarias exige al Gobierno asumir la tutela de más de 1.000 menores inmigrantes sin más excusas
Los populares reclaman que el Ejecutivo central cumpla con la medida del Tribunal Supremo y deje de "asfixiar" a las islas
Jacob Qadri, PP de Canarias.
El Partido Popular de Canarias ha exigido este miércoles al Gobierno de España que asuma "de forma inmediata" y sin más demoras la tutela de más de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que han solicitado o prevén solicitar protección internacional.
Los populares han instado al PSOE a cumplir con la medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo, que obliga al Ejecutivo a responsabilizarse de estos menores, en su mayoría procedentes de Malí. "Se ha demostrado que el Gobierno de Canarias tenía razón al exigir al Estado que asumiera esta tutela", ha afirmado el coordinador general del PP canario, Jacob Qadri.
El dirigente popular ha recordado que el Gobierno central tiene 10 días para cumplir la resolución judicial, y ha preguntado si Pedro Sánchez "seguirá buscando excusas" o asumirá su responsabilidad.
Menores en situación vulnerable
La medida afecta principalmente a menores malienses, quienes, según el PP, tienen derecho a protección subsidiaria debido a la inestabilidad en su país de origen, marcado por la violencia, la presencia de grupos extremistas y la precariedad social. "El Gobierno de España se niega a acogerlos y los abandona en Canarias", ha denunciado Qadri.
Además, ha acusado al PSOE de tener una "doble moral" en la gestión de la crisis migratoria, ya que, según él, han dejado que la sobrecarga recaiga únicamente sobre el archipiélago.
El PP ha advertido que, más allá de esta resolución judicial, el Gobierno central debe aclarar qué hará con las futuras llegadas de menores inmigrantes no acompañados. "¿Seguirán masificando Canarias o ayudarán a evitar el colapso?", ha cuestionado Qadri.
El Tribunal Supremo ha dejado claro en su resolución que el sistema estatal de acogida es responsabilidad del Gobierno y que los menores deben recibir asistencia en condiciones dignas. Ahora, el Ejecutivo tiene pocos días para decidir si cumple con el mandato judicial o si sigue dejando la carga sobre las islas.
