El Supremo avala a Sánchez: no habrá investigación por usar la Abogacía del Estado contra el juez Peinado

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber utilizado los servicios de la Abogacía del Estado para presentar una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, quien lidera la investigación contra su esposa, Begoña Gómez. En una decisión que ha generado revuelo, los magistrados han concluido que la actuación de Sánchez, aunque "puede ser discutible jurídicamente", no incurre en un acto "groseramente ilegal" ni supone un delito de prevaricación o malversación.

La Sala de lo Penal del Supremo ha archivado las tres querellas presentadas por Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, que acusaban al jefe del Ejecutivo de valerse de recursos públicos para defender su posición tras ser interrogado como testigo en el caso que afecta a Gómez. Este caso, que incluye presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, ha mantenido al presidente en el ojo del huracán político.

Los magistrados han argumentado que la decisión de Sánchez de recurrir a la Abogacía del Estado no fue "arbitraria, disparatada o irracional", sino una medida para proteger el prestigio de la Presidencia del Gobierno frente a lo que se consideró una actuación judicial cuestionable. Sin embargo, el Supremo también ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya desestimó en octubre de 2024 la querella presentada por Sánchez, al considerar que las resoluciones del juez Peinado no eran "arbitrarias ni prevaricadoras".

En su resolución, el Supremo ha dejado claro que presentar una querella no constituye un delito de prevaricación y que no le corresponde juzgar la pertinencia o viabilidad de la acción legal de Sánchez. "No estamos ante una resolución dictada a sabiendas de su injusticia", han subrayado los jueces, descartando también cualquier indicio de malversación.

La decisión del Supremo no solo exonera a Sánchez, sino también al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al abogado del Estado David Vilas Álvarez, señalados en una de las querellas. Sin embargo, el fallo no pasa desapercibido en un contexto de alta tensión política, donde la investigación contra Begoña Gómez sigue alimentando el debate público y las críticas de la oposición.

Para muchos ciudadanos, esta resolución refuerza la percepción de que el presidente utiliza los resortes del Estado en su beneficio, mientras que para sus defensores, se trata de una legítima defensa del prestigio institucional. En cualquier caso, la sombra del caso Gómez sigue planeando sobre La Moncloa, con un impacto aún impredecible en el tablero político.